El presidente de El Salvardor, Nayib Bukele, impulsó la aprobación en el Congreso de medidas de emergencia, restringiendo las libertades civiles. Amplió los poderes de la policía y posicionó tratos crueles, como respuesta a una ola de 87 homicidios ocurridos entre el 25 y 27 de marzo.
El lunes Bukele aseguró que más de 6,000 pandilleros han sido detenidos en nueve días de vigencia del estado de excepción. Esta orden permite a las autoridades detener sin orden judicial a sospechosos de integrar esas bandas.
De acuerdo con la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, las medidas excepcionales aprobadas en El Salvador para frenar la violencia de pandillas, vienen con presuntos “tratos crueles” contra pandilleros presos.
“Algunas” personas detenidas por presuntamente ser parte de una pandilla” han sido sometidas a presuntos tratos crueles, inhumanos o degradantes”, señaló la portavoz de la Alta Comisionada Liz Throssell.
“Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga respetando el derecho internacional de los derechos humanos”, dijo Throsell.
USO INNECESARIO Y EXCESIVO DE LA FUERZA
Desde la adopción del estado de excepción el 27 de marzo, se han desplegado fuerzas policiales y militares, al parecer, se ha recurrido a un uso innecesario y excesivo de la fuerza.
Además del estado de excepción, preocupan profundamente ciertas modificaciones del derecho penal. Ello por su imposición de sentencias elevadas. Estas también tocan a los niños y porque debilita las garantías del debido proceso, señala la ONU.
Esa entidad también alertó sobre las reformas aprobadas la semana pasada para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas. También se fijaron penas más duras para menores que cometan delitos siendo parte de una pandilla.
“Recordamos a El Salvador que el derecho a la vida, a no ser sometido a tortura, los principios de juicio justo y la presunción de inocencia, así como las garantías procesales que protegen estos derechos, se aplican en todo momento. Incluso durante los estados de excepción. Esto es especialmente cierto en el caso de los niños”, sostuvo la portavoz.
El Salvador cerró 2021 con una tasa homicidios de 18 muertes por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales.
Con los 6,000 detenidos, más los 16.000 que ya estaban encarcelados, el país tiene a “22.000 miembros” de esos grupos delictivos, dijo Bukele.
“Los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados y con dos tiempos de comida”, sostuvo Bukele.
Publicado en cooperación con Newsweek en español
