Las organizaciones Washington Office on Latin America (WOLA), Due Process of Law Foundation (DPLF), Center for Justice and International Law (CEJIL), Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR), Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) firmaron un documento en el que dejaron en claro su preocupación por la situación de los asilados en la Embajada argentina en Caracas, Venezuela, que ya llevan más de nueve meses encerrados.
«Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la seguridad y otros derechos básicos de los seis miembros del partido opositor Vente Venezuela que han solicitado asilo en la embajada argentina en Caracas, así como por el empleado de la embajada que ha sido detenido arbitrariamente», afirmaron.
Y remarcaron que «la comunidad internacional debe hacer un llamado urgente a las autoridades venezolanas para que garanticen sus derechos y otorguen salvoconductos a los seis asilados, permitiéndoles salir del país de manera segura, y para que liberen incondicionalmente al empleado detenido».
«El 20 de marzo de 2024, en el contexto de la campaña electoral, las autoridades venezolanas acusaron a los miembros de Vente Venezuela Humberto Villalobos, Claudia Macero, Magalli Meda, Omar González, Fernando Martínez Motola y Pedro Urruchurtu de terrorismo, conspiración y traición a la patria. Para evitar una detención inminente, solicitaron asilo en la embajada argentina, donde se les concedió protección», recordaron.
Y añadieron que «el 29 de julio, el gobierno de Maduro expulsó a diplomáticos argentinos, junto con los de otros seis países, después de que sus gobiernos criticaran el anuncio del Consejo Nacional Electoral de que Maduro había ganado las elecciones. Brasil asumió entonces la custodia de la embajada. Sin embargo, Venezuela revocó posteriormente la autorización de Brasil para supervisar la embajada, impidiendo el ingreso de diplomáticos brasileños».
«Actualmente, la embajada está fuertemente custodiada por la inteligencia y las fuerzas armadas venezolanas y las casas cercanas han sido confiscadas y ocupadas por funcionarios de seguridad», indicaron.
Y marcaron que «los asilados no pueden recibir visitas y su acceso a alimentos y medicinas está controlado».
«Durante los últimos 24 días han estado sin electricidad y con acceso limitado al agua, cortada por las empresas estatales», puntualizaron.
Y afirmaron que «la presencia de funcionarios de seguridad con armas de asalto alrededor del edificio ha creado un temor razonable de que las fuerzas de seguridad puedan usar la fuerza contra los seis asilados políticos desarmados que se encuentran en el interior».
«Las acciones descritas violan las obligaciones del Estado de proteger a las personas que buscan asilo y la protección contra la detención ilegal». aseveraron y subrayaron: «También contraviene la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que exige que el Estado receptor proteja sus instalaciones de intrusiones, daños y perturbaciones».
Por lo tanto, «la comunidad internacional debe instar al gobierno venezolano a que cese todas las formas de hostigamiento contra los asilados y les otorgue salvoconductos para salir del país de manera segura, de conformidad con los artículos XI, XII y XIII de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954″.
«Las autoridades venezolanas deben poner fin a la violencia y la represión y buscar vías para una solución pacífica de la situación política», sostuvieron.
Y enfatizaron: «La comunidad internacional, especialmente con el apoyo y la mediación de Brasil y Argentina, debe contribuir a estos esfuerzos y respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos».
