Por primera vez en la historia de Perú, la Justicia federal realizó un allanamiento en el Palacio de Gobierno. Buscaban a Yennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, que permanece prófuga tras la orden de detención en su contra.
La Policía y el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder se trasladaron a la sede del Ejecutivo a las 17 horas para dar con su paradero. Durante cuatro horas revisaron el edificio, pero no la encontraron y debieron retirarse.
El Poder Judicial la investiga por su presunta participación en una red de tráfico de influencias y lavado de activos que gestionaba licitaciones de manera irregular, y en ese marco el fiscal Hans Aguirrese solicitó su detención provisoria por 10 días. Además se ordenó y se logró la captura de dos empresarios (Hugo y Angie Espino) y del alcalde de Anguía, en Cajamarca, José Nenil Medina.
Paredes, de 26 años, ya había declarado en esta causa y había rechazado las acusaciones ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Allí admitió que trabajó para los Espino en 2021, pero negó haberlos favorecido para acceder a los contratos del Estado que consiguieron tras la asunción de su cuñado.
De acuerdo a la investigación, la cuñada del presidente y Espino ofrecían obras de saneamiento en ese pueblo ubicado en la región del norte de Perú, de donde son originarios ella y el presidente.
Castillo, que junto a su familia vive en la residencia que forma parte del Palacio de Gobierno, aseguró que se trató de una medida “ilegal” y la vinculó al plan de la oposición para avanzar en un tercer intento de juicio político en su contra, con el objetivo de desplazarlo y declarar la vacancia en la Presidencia.
En efecto, el allanamiento se produjo apenas unas horas después de que el Congreso, en manos de la derecha, haya recomendado procesar penalmente al mandatario e inhabilitarlo por cinco años, acusándolo de “traición a la Patria” por su idea de llamar a un referéndum para dirimir si Perú le entrega o no una salida al mar a Bolivia.
Pero, además, Castillo enfrenta cinco investigaciones judiciales vinculadas a hechos de corrupción, incluyendo el tráfico de influencias respecto a licitaciones y designaciones irregulares. En ese contexto, la semana pasada declaró personalmente en la Fiscalía.
La cuñada es la cuarta persona de la familia presidencial en ser investigada por causas de corrupción, que salpican al propio Castillo. También están procesados un sobrino que ejercía como asesor; su exministro de Transporte (ambos prófugos de la justicia); y su exsecretario presidencial, que se entregó en carácter de “arrepentido”. Asimismo, la primera dama, Lilia Paredes, hermana de Yennifer, también es investigada en la misma causa y declaró ante la Fiscalía, pero se negó a declarar por recomendación de su abogado ante la comisión parlamentaria.
