Con el objetivo de calmar los ánimos de una sociedad convulsionada por la crisis institucional, que derivó en la destitución de Pedro Castillo y en la asunción de Dina Boluarte, el nuevo Gobierno lanzó un plan económico que inyectará casi 6.000 millones de soles (US$ 1.573 millones) para iniciar una reactivación que repercuta en los bolsillos de los peruanos, especialmente en el sur del país, uno de los focos del conflicto.
En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Álex Contreras, explicó que el programa busca una recuperación rápida de la actividad, apostando a lograr un 3% de crecimiento en el primer trimestre de 2023.
La destitución de Castillo y su posterior detención generaron masivas manifestaciones, piquetes y enfrentamientos, y la represión del Gobierno provocó al menos 22 muertos.
Por esta situación de violencia en las calles de varias importantes ciudades, el Ejecutivo estima que se produjeron pérdidas por 1.000 millones de soles (US$ 260 millones), alrededor del 1% del avance del PIB en diciembre, además de los daños en la infraestructura crítica, como edificios públicos, obras viales y aeropuertos.
Al respecto, Contreras afirmó: “Pretendemos atender una situación de emergencia. Es un plan focalizado en las regiones más impactadas por la conflictividad«. De hecho, detalló que el plan apuntará las regiones más pobres del sur del país, y que esos fondos saldrán de la recaudación y de los presupuestos no ejecutados en 2022.
De todos modos, el ministro subrayó que este mayor gasto para 2023 no impactará en las perspectivas de crecimiento, que siguen siendo de entre el 3,1% y el 3,9%, con un déficit fiscal máximo proyectado del 2,4%. Este mes había afirmado que este objetivo “no es negociable”.
Vale recordar que para apaciguar a los manifestantes Boluarte mandó al Congreso un proyecto para anticipar las elecciones, y que finalmente se aprobó fijarlas para abril de 2024. Pese a ello, los reclamos continuaron.
