Tras la destitución de Pedro Castillo, se multiplicaron las protestas en todo el país en contra del Gobierno de su exvicepresidenta y sucesora Dina Boluarte, reclamando la liberación del exmandatario, el cierre del Congreso y un inmediato llamado a elecciones.
Los manifestantes cortan calles, bloquean rutas en todo el país, mantienen sin funcionamiento varios aeropuertos y hasta hubo que cerrar Machu Picchu. Como respuesta, Boluarte declaró el estado de emergencia en algunas regiones, pero este miércoles aseguró que lo aplicará en todo el país, dejando la represión en manos de las fuerzas armadas.
La presidenta debería cumplir el mandato constitucional que Castillo tenía hasta 2026, pero a días de asumir, y ante la violencia que se expandía en las calles, anticipó que presentaría un proyecto para adelantarlas a 2024. Los manifestantes también lo rechazaron, y ahora analiza adelantarlas para finales de 2023.
La decisión de militarizar el país fue anunciada por el ministro de Defensa, Alberto Otárola. “Se ha acordado declarar el estado de emergencia en todo el país, eso debido a los hechos vandálicos y violentos», informó, y resaltó que esta situación «requiere de una respuesta contundente de parte del gobierno».
La declaración del “estado de emergencia” implica la suspensión de ciertas garantías constitucionales, incluyendo el derecho de reunión, el de tránsito y la inviolabilidad de la propiedad privada.
Pero la determinación de anticipar elecciones todavía más fue comunicada por Boluarte: «Los tiempos calzarían para abril del 2024, sin embargo, haciendo reajustes se puede adelantar a diciembre del 2023, porque antes de esa fecha legalmente no calzaría».
JUEVES CALIENTE
Este jueves, se llevará a cabo una audiencia judicial para definir si Castillo debe permanecer en prisión preventiva durante 18 meses, hasta que se resuelva su situación, esgrimiendo que puede existir riesgo de fuga o que pueda fogonear las protestas, que ya dejaron nueve muertos.
El expresidente está acusado de “rebelión” y “conspiración” tras intentar disolver el Congreso, que llevaba en ese momento un juicio político contra él mismo y estaba a punto de destituirlo. Desde prisión, Castillo insiste en que no cometió ningún delito, ya que el cierre del Congreso seguido de un llamado a elecciones es una herramienta habilitada por la Constitución.
Por esa razón, sostiene que su destitución fue ilegal y que sigue siendo presidente. En los días posteriores, los Gobierno de Argentina, México, Colombia y Bolivia le expresaron su apoyo y solicitaron su liberación.
Este mismo jueves, el Congreso se reunirá para evaluar la fecha de las próximas elecciones anticipadas, y todo parece indicar que habría acuerdo para que se confirme que serán a finales del año entrante.
Mientras tanto, el estado de emergencia regirá por al menos 30 días, en los que se espera una fuerte represión y, desde luego, una resistencia de los manifestantes, que el miércoles forzaron el cierre del aeropuerto de Ayacucho, que se suma a los de Cusco, Puno, Arequipa y Apurímac.
