El presidente del Perú, Pedro Castillo, decidió este miércoles levantar antes de lo establecido el toque de queda que había impuesto en Lima y Callao, en medio del amplio rechazo que generó la medida en los sectores sociales, políticos y económicos de ese país.
«Debo anunciar que a partir de este momento vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad, y corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano», anunció el mandatario peruano pasadas las 17 (hora local), aun cuando la medida tenía previsto culminar a las 23:59.
Según justificó el jefe de Estado, tras reunirse con líderes políticos en el Congreso, la decisión de inamovilidad había sido tomada «a raíz de los últimos acontecimientos» irregulares que se vivieron en diversas partes del país, «y no para ir contra el pueblo».
El toque de queda se produjo un día después de que al menos 11 de las 25 regiones peruanas resultaron afectadas por bloqueos focalizados y temporales de las carreteras, en medio del paro iniciado por transportistas el pasado 28 de marzo ante el incremento de precios de los combustibles.
Aunque durante todo el día lunes hubo en Lima rumores vandalismo que no fueron verificados, sí se confirmaron saqueos en algunas provincias como San Martín, Trujillo, Ucayali, Cajamarca e Ica, y en esta última localidad reportaron la quema de al menos cinco casetas de peaje.
En ese sentido, el mandatario cuestionó que se utilice un derecho constitucional como es el de la protesta pacífica, para avalar el bloqueo de las carreteras, el ataque a la propiedad privada y las entidades públicas.
Según argumentó al inicio de la jornada el ministro de Defensa, José Gavidia, el gobierno decidió declarar la inmovilización social en Lima y su vecina provincia del Callao porque informes daban parte de posibles «movimientos y actos vandálicos generalizados» en la ciudad.
Aunque el Gobierno defendió la medida, que sorpresivamente fue respaldada por el legislador opositor Jorge Montoya, promotor del último intento de vacancia contra Castillo; ganó la crítica de algunos de sus exfuncionarios como la expremier Mirtha Vásquez y el exministro de Salud, Hernando Cevallos.
Por su parte, el actual premier Aníbal Torres, quien había planteado la posibilidad de extender el toque de queda al resto del país, dijo que se buscaba evitar una «convulsión social» en Perú y que, en consecuencia, se planteara una nueva moción de vacancia o se pidiera la renuncia del presidente.
Mientras que Castillo anunciaba la suspensión del toque de queda, un grupo de personas se concentraba en la céntrica Plaza San Martín de la capital para movilizarse hacia el Congreso en rechazo a esa medida decretada el lunes.
Tras iniciar la marcha se encontraron a pocos metros, en la avenida Abancay, con un cordón policial, al que un reducido grupo enfrentó con palos y piedras, rompiendo esta primera barrera, pero posteriormente fueron contenidos por los agentes de seguridad.
Según confirmó el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, cuatro efectivos de la policía resultaron heridos y fueron «atendidos inicialmente por los bomberos».
Asimismo, imágenes televisivas dieron parte del ataque que sujetos realizaron contra la sede del Ministerio Público en la avenida Abancay, entidad de la que terminaron rotas las ventanas y puertas de vidrio del frontis.
Los gremios de transportistas y agricultores iniciaron el pasado 28 de marzo un paro debido al alza de los combustibles, un incremento que buscó ser contrarrestado por el gobierno desde el lunes con la exoneración del impuesto a las gasolinas hasta el próximo mes de junio.
Pero, además, exigen la revisión de los contratos de las concesiones de peajes, direccionar la reserva de carga para los gremios nacionales y la eliminación de la competencia desleal de los transportistas extranjeros.
Fuente: www.noticiasargentinas.com
