Este jueves, la sala de apelaciones de la Corte Suprema de Perú ratificó la prisión preventiva por 18 meses para el expresidente Pedro Castillo, acusado de haber intentado un autogolpe de Estado al intentar disolver el Congreso que se aprestaba a destituirlo.
El exmandatario es investigado por «rebelión» y «conspiración», mientras en las calles no se detienen las protestas reclamando su liberación y un inmediato llamado a elecciones. Sin embargo, su sucesora (su exvicepresidenta), Dina Boluarte, llevó al Congreso un proyecto para adelantar los comicios a abril de 2023, y fue aprobado.
Castillo, que llegó al poder en 2021 con un débil apoyo y no logró afianzarse en el cargo, enfrentó tres intentos de juicio político en sus 17 meses de gestión, y formó más de cinco gabinetes, con un desfile de 80 ministros. En el último intento, ya con el Parlamento en manos de la derecha, fue acusado por liderar una red de corrupción que negociaba la obra pública y por “traición a la Patria”, al proponer un referéndum para darle a Bolivia una salida al mar.
Tras su detención y la decisión de darle 18 meses de prisión preventiva, los abogados de el mandatario presentaron una apelación para anularla, pero la Corte la debatió el miércoles y la denegó el jueves.
Por lo tanto, Castillo seguirá detenido hasta 2024, en una fecha casi coincidente con las próximas elecciones, por lo que no está claro si puede presentarse o no como candidato.
El dirigente detenido niega rotundamente las acusaciones en su contra y asegura que es víctima de “una venganza política”. Además, culpó a Boluarte de llevar adelante un plan maquiavélico para sacarlo del poder y encarcelarlo, y también por la represión de las protestas, que ya causó al menos 22 muertos en las últimas dos semanas.
Para tratar de paliar la situación social y frenar las protestas, ante el fracaso y el alto costo político de la vía represiva (que le valió numerosas críticas de todo el mundo y la intervención de organismos de derechos humanos), Boluarte lanzó un millonario plan económico de reactivación, con foco en las zonas más pobres del sur, uno de los principales focos del conflicto.
