La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finalmente completó y publicó su informe sobre la represión de las manifestaciones en Perú por parte de la presidenta Dina Boluarte, a través de las fuerzas armadas, provocando al menos 60 muertos desde diciembre de 2022.
El organismo continental determinó que se cometieron “graves” violaciones a los derechos humanos y calificó al proceder de las autoridades como “una masacre”, teniendo en cuenta el alto número de víctimas fatales y heridos producto de disparos con armas de fuego en manos de policías y militares.
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De acuerdo a la investigación, el mayor número de víctimas se registró en las regiones andinas de Ayacucho y Puno, que fueron los focos de las protestas que se iniciaron luego de la destitución de Pedro Castillo. Reclaman desde entonces la liberación del exmandatario, la renuncia de Boluarte, el adelantamiento de las elecciones y una reforma constitucional.
La presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, aseveró en una conferencia virtual: “Hubo violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico racial, perpetuada por agentes estatales las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”.
Y, de manera contundente, agregó: “Además, como estas son de privaciones múltiples de derecho a la vida, teniendo en cuenta la circunstancia, de modo tiempo y lugar deben ser clasificadas como una masacre».
Boluarte, que viene negando desde el principio malas prácticas en el accionar represivo, aseguró que respeta el informe, pero que rechaza las acusaciones, ya que su gestión acata los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de las libertades fundamentales. «Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre», se defendió en una conferencia de prensa.
En ese sentido, vale señalar que sus vecinos de la región han sido sumamente críticos para con la presidenta peruana. Andrés Manuel López Obrador (México), Gustavo Petro (Colombia) y Gabriel Boric (Chile), socios de Perú en la Alianza del Pacífico, han sido los más duros en ese aspecto, pero también Argentina, Venezuela y Brasil han manifestado su preocupación.
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La CIDH visitó Perú del 11 al 13 de enero, en los momentos más críticos de los enfrentamientos. Durante esa inspección, la comisión se reunió con familiares de las víctimas, entidades autónomas, de la sociedad civil y con el propio Gobierno.
El informe es clave para una posterior evaluación en el marco de la OEA y, si el tema escala, también en la ONU. Pero también en el plano local, ya que la Fiscalía Nacional lleva adelante una investigación por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves», con Boluarte como responsable.
De todos modos, la Constitución de Perú prohíbe realizar una acusación formal en la Justicia ordinaria contra un presidente en ejercicio, aunque sí pueden avanzar las investigaciones para que los funcionarios respondan una vez que finalicen sus mandatos o sean destituidos mediante juicio político.
