Según datos oficiales, Perú tiene una población en torno a los 33 millones de habitantes, con una creciente fracción de inmigrantes, especialmente venezolanos, que llegan a través de la frontera sur con Chile, aunque también en menor medida desde el noreste, con Ecuador, Colombia y Brasil.
Se calcula que 1,5 millones de venezolanos viven hoy en Perú, pero que entre 300.000 y 400.000 se encuentran en situación irregular, indocumentados. Y ese número parece agrandarse paulatinamente desde la pandemia.
El primer ministro peruano, Alberto Otárola, anunció que los inmigrantes indocumentados serán expulsados del país (REUTERS/Sebastian Castaneda/Pool)
El Gobierno de Dina Boluarte, quien enfrenta una dura crisis institucional por las manifestaciones en su contra en todo el país tras la destitución de Pedro Castillo, decidió endurecer la política migratoria luego de que las oleadas de migrantes sobrepasaran los controles en puntos clave como la ciudad de Tacna, el el límite con Chile.
El miércoles, el Gobierno declaró el “estado de emergencia” en sus fronteras, medida que le permite desplegar a las fuerzas militares y a la policía para robustecer los controles, al tiempo que dio un plazo perentorio a los “ilegales” para que regularicen su situación.
Sin embargo, este jueves dio un paso más en ese sentido: el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, anunció que Perú expulsará a aquellas personas que se encuentren indocumentadas.
«Queremos saber quiénes son, cuántos son, donde viven, cuál es su correo electrónico, su teléfono, porque sino no van a poner continuar en el país de manera legal», sostuvo el funcionario en las puertas de Palacio de Gobierno.
Además, la Cancillería peruana convocó al embajador chileno para presentarle una protesta formal por la falta de controles del otro lado de la frontera. Vale señalar que Chile también tiene serios problemas en pasos fronterizos, especialmente en el límite con Bolivia. El Gobierno de Sebastián Piñera había sido especialmente duro con estos inmigrantes, pero tras el triunfo de Gabriel Boric se decidió flexibilizar y regular.
Las declaraciones de Otárola generaron controversia, ya que afirmó que la gran mayoría de los 1,5 millones de venezolanos en Perú trabajan de manera honesta, pero que muchos están vinculados al delito. “Lamentablemente hay un importante sector de estas personas que están cometiendo delitos en el país», aseveró.
