La Fiscalía de la Nación de Perú anunció la apertura de una investigación contra la actual presidenta Dina Boluarte, contra su antecesor, Pedro Castillo, y el empresario y exasesor de Castillo, Henry Shimabukuro, por presuntos actos de corrupción durante la campaña presidencial de 2021.
Shimabukuro había declarado la semana pasada ante la prensa peruana que él mismo había financiado parte de la campaña para las presidenciales que encabezaban Castillo y Boluarte, e incluso presentó los pasajes que compró para la actual mandataria.
A través de sus redes sociales, la fiscalía, que tuvo un gran protagonismo en la destitución de Castillo y en su detención, informó: “Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos amplió investigación contra Pedro Castillo, Dina Boluarte y Henry Shimabukuro por los delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal. La presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral de Perú Libre en el 2021”.
Este fin de semana, Boluarte decidió abordar públicamente el tema y rechazó las acusaciones, asegurando que se trata de una “maniobra política” para socavar su Gobierno, de por sí en crisis por las manifestaciones exigiendo su renuncia y la violenta represión que ya causó 60 muertes.
En ese sentido, la mandataria enfrenta una investigación por el accionar de las fuerzas represivas a su cargo durante las manifestaciones, que derivó en esas 60 muertes que provocaron la preocupación y la crítica de los demás países de la región, además de numerosas denuncias por parte de organismos de derechos humanos.
🚨| Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos amplió investigación contra Pedro Castillo, Dina Boluarte y Henry Shimabukuro por los delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal. 1/2 pic.twitter.com/xWfrvbtd1n
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 29, 2023
Vale recordar que Boluarte era la vicepresidenta de Castillo, quien fue destituido el 7 de diciembre de 2022, cuando quiso disolver el Congreso que se aprestaba a someterlo a juicio político por diversas denuncias de corrupción impulsadas por la fiscalía. Tras su separación del cargo y su arresto, Boluarte asumió el Gobierno con mandato hasta 2026.
Pero la población salió a las calles junto a los sindicatos y las organizaciones sociales para pedir el adelantamiento de las elecciones y una reforma constitucional. Ante la negativa, las protestas de tornaron más violentas y comenzaron a exigir su renuncia. Tanto la presidenta como distintos legisladores presentaron proyectos para adelantar los comicios, pero por ahora ninguno logró ser confirmado.
