Acosado por la pérdida del poder en el Congreso y por una serie de denuncias constitucionales en su contra, el presidente de Perú, Pedro Castillo, emitió un mensaje público a la Organización de Estados Americanos (OEA) pidiendo su colaboración para evitar un golpe de Estado.
Castillo, que lleva poco más de un año en el Gobierno, resistió ya dos intentos de juicio político, pero esta vez las fuerzas opositoras de derecha y centro-derecha se han unido para llevar adelante un tercer intento destituyente, basándose en la denuncia formal realizada por la Fiscalía General.
Lo acusa de liderar una red familiar que se dedicaba a la corrupción en la obra pública, el tráfico de influencias, cometiendo abuso de autoridad. En total son seis las investigaciones en curso. Por ley, el presidente no puede ser acusado ante la Justicia ordinaria; debe hacerse a través del Congreso y mediante los procedimientos establecidos para el juicio político. Hoy, el parlamento está en manos de un atomizado grupo de partidos de derecha y centro-derecha.
Castillo pidió que se dejara de lado esa denuncia, por considerarla inconstitucional, pero los legisladores decidieron seguir avanzando en ese proceso. Por eso, el mandatario solicitó el 12 de octubre a la OEA activar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, que busca defender los ciclos democráticos en los países miembro.
A través de ese artículo 17, un país puede «solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de su institucionalidad democrática», cada vez que considere que la continuidad democrática “está en riesgo”; en tanto, el 18 habilita la visita por parte de una comisión internacional que investigue y gestione, sin que se considere una intromisión (dado que la nación solicitante lo pide). En este caso, es Castillo el que solicita “iniciar un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales”.
Sin rodeos, Castillo advierte que se opera para concretar un “golpe de Estado” en su contra, a través de esa denuncia. “La nación enfrenta momentos difíciles. Graves acusaciones se repiten, tan graves como inconsistentes, como es la denuncia constitucional presentada por la fiscal general de la Nación”, sostuvo.
En respuesta, la OEA, liderada por Luis Almagro, garantizó su “apoyo y solidaridad”, y confirmó el envío de “un grupo de alto nivel”, luego de que el Consejo Permanente del organismo aprobara la decisión por unanimidad durante si sesión extraordinaria en Washington.
El argumento es brindar “respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática” de Perú, defendiendo la continuidad del “estado de derecho”. Esta comisión investigará, dialogará con todas las partes y luego elevará un informe al Consejo de la OEA.
Por su parte, el Congreso también le escribió a la OEA y se puso a disposición para explicar la “situación real” del país. A través de un comunicado, el parlamento contó: “El Congreso de la República envió hoy una carta a la OEA expresando su disposición al diálogo para explicar a los representantes de ese organismo la situación real del país, y el pleno respeto a la Constitución”.
Y le dicen al titular del Consejo: “Estamos llanos a poder recibirlos y pensamos que va a ser bueno que vengan, que hablen con la Fiscalía que, con toda seguridad, tiene muchísimo que decir y muchísimo que informar; que hable con el Congreso. Obviamente tenemos muchas cosas que decirle; seguramente va a hablar con otras instituciones, con la prensa”.
En la OEA es clave la postura de los EEUU. En ese marco, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró que siguen de cerca los acontecimientos y que en toda democracia es “vital” la rendición de cuentas de las autoridades.
