Este jueves por la noche, los manifestantes que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte en Perú y el inmediato llamado a elecciones, realizaron una gran marcha en Lima, a la que concurrieron incluso grupos movilizados del sur del país, epicentro de las protestas.
La Policía volvió a reprimir violentamente. Hasta ese momento eran 50 los muertos por el accionar de las fuerzas de seguridad desde el inicio de las protestas, tras la destitución y el arresto de Pedro Castillo. Pero en la madrugada del viernes ya se contabilizaban dos fallecidos más en el interior (en Puna y Arequipa), en el marco de un intento de toma de los aeropuertos.
Más allá de estos reclamos puntuales, los manifestantes salieron a la calle en todo el país denunciando la profunda desigualdad entre la gente y la élite limeña, que viene manteniendo una disputa interna en el Congreso desde hace años, “de espaldas al pueblo”, según algunas de las consignas. Además, la pandemia y la posterior crisis internacional profundizaron esta grieta que ahora se hace evidente en los masivos estallidos.
En un intento por mostrarse fortalecida, Boluarte emitió un mensaje en el que aseguró que su gobierno “está firme” y su Gabinete “más unido que nunca”. En este sentido, vale señalar que es el segundo Gabinete de la mandataria en algo más de un mes, y que hace una semana renunció su ministro de Trabajo exigiendo la presidenta “pedir disculpas por las muertes”.
Aunque, en efecto, Boluarte pidió perdón por los fallecimientos, aseguró que el accionar de las fuerzas represivas es “inmaculado”. En cambio, acusó a los manifestantes de querer “quebrar el estado de derecho” e incluso puso en duda sus intenciones y financiamiento, al cuestiones “de qué trabajan” y “por qué abandonan a sus familias”.
La propia Embajada de los EEUU en Perú advirtió sobre el accionar del Gobierno. “Es fundamental que las fuerzas del orden respeten los derechos humanos, el derecho a la protesta y protejan a la ciudadanía. La protesta que expresa demandas y preocupaciones legítimas debe ser pacífica», afirmó la representación diplomática en un comunicado.
Los manifestantes bautizaron a la protesta del jueves como la «Toma de Lima». Una gran cantidad de buses llegaron desde todo el país a la capital para participar, mientras que la policía desplegó a miles de efectivos por toda la ciudad.
En tanto, la Justicia puso en las calles a 50 fiscales «para exhortar a los efectivos policiales a hacer uso proporcional de la fuerza durante las manifestaciones, e invocar a la ciudadanía a movilizarse de forma pacífica». Mientras, sigue en curso una investigación sobre el accionar del Gobierno, y numerosos organismos de derechos humanos están en el país analizando de cerca la situación y ya denunciaron el uso de armas de fuego con municiones de plomo en la primera línea contra los disturbios.
Del total de los muertos durante este conflicto, casi la mitad son resultado directo de la represión, mientras que una decena falleció por accidentes vinculados a los piquetes.
