Finalmente, el Congreso de Perú presentó este martes su tercer pedido de vacancia de la Presidencia, lo que constituiría la destitución de Pedro Castillo, quien logró resistir los dos intentos anteriores y denuncia un intento de “golpe de Estado”.
La oposición de derecha y centro-derecha, que ostenta los puestos de liderazgo en el Parlamento, sostiene en su moción que el mandatario está incapacitado moralmente para ejercer la Presidencia, e hizo lugar a una denuncia constitucional por corrupción presentada por la Fiscalía General.
Para lograr que este intento de destitución prospere, la oposición necesita 87 votos. En marzo apenas consiguió 55, pero este último pedido lleva 67 firmas, de acuerdo a El Comercio. El primero de ellos fue en diciembre de 2021, y ni siquiera fue admitido.
El documento denuncia “el irresponsable desmantelamiento de la administración pública y el copamiento clientelista de las instituciones del Estado». Castillo está siendo investigado en seis causas en la Justicia, pero la Fiscalía llevó dos de ellas al Congreso: una por “traición a la Patria”, por haber propuesto un referéndum para otorgar una salida al mar a Bolivia; y otra por liderar una red de tráfico de influencias basado en la entrega de obra pública.
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— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 29, 2022
“Se configura la permanente incapacidad moral del presidente por sus vínculos cada vez más evidentes con graves actos de corrupción, incompatibles con el ejercicio de la Presidencia de la República», afirman en la moción.
Los tiempos de este avance del Congreso se aceleraron luego de que Castillo presentara un proyecto para derogar la obligatoriedad de que el Legislativo deba aprobar cualquier pedido de referéndum propuesto por el Ejecutivo. Ante la negativa de los legisladores, el presidente apeló a la figura de la “cuestión de confianza”: si una iniciativa del Gobierno bajo la “cuestión de confianza” es rechazada dos veces en el recinto, se entiende que no se está permitiendo Gobernar, se cierra el Congreso y se llama a elecciones legislativas. Esto fue rechazado, y Castillo tuvo que echar a su jefe de Gabinete, el experimentado Aníbal Torres.
Castillo viene sosteniendo que se trata de un intento de “golpe de Estado”, y así se lo hizo saber a la OEA, que envió una misión a Lima para reunirse con todas las partes y elaborar un informe que será presentado en breve al Consejo Permanente. De todos modos, la resolución que se emita en ese sentido no será vinculante.