México y Perú siguen inmersos en un duro cruce diplomático. El viernes pasado, la presidenta peruana, Dina Boluarte, decidió retirar a su embajador en México luego de los reiterados discursos de su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusándola de encabezar un golpe de Estado contra Pedro Castillo, al que pide restituir en el poder.
Boluarte retiró a su embajador de manera “definitiva” y aseguró que a partir de ahora las relaciones entre ambas naciones continuarán exclusivamente en el plano comercial. En respuesta, la cancillería mexicana lamentó la decisión y pidió «promover los vínculos entre nuestros pueblos».
Pero este lunes López Obrador volvió a mostrarse sumamente crítico, tanto en términos políticos como personales.
«Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la voluntad del pueblo del Perú. Se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo. Nadie habla de esa gran injusticia cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú está saqueando los bienes naturales del país -el gas, los recursos mineros- y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo», afirmó el mandatario mexicano.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo fue destituido y encarcelado luego de intentar disolver el Congreso, que se aprestaba a avanzar en un juicio político en su contra. Su vicepresidenta, Boluarte, asumió en su lugar, y eso desató una ola de protestas que ya dejó más de 60 muertos y está precipitando el adelanto de las elecciones.
El exmandatario permanece en prisión preventiva por 18 meses, a la espera de una resolución en su situación judicial. La semana pasada se puso en marcha formalmente una investigación en su contra por presunta corrupción, que era uno de los motivos centrales argumentados por la oposición en el Congreso para llevarlo a juicio político. Su familia, en tanto, está asilada políticamente en México.
Durante la última reunión de la Celac en Buenos Aires, los líderes de varios países, como México, Chile y Argentina, advirtieron sobre la situación en Perú, acusaron a Boluarte de hacer abuso de poder y pidieron frenar la represión de las protestas.
