Comenzó el juicio contra el expresidente de Perú, Pedro Castillo, por su intento de autogolpe de Estado a finales del 2002. La fiscalía pide 34 años tras las rejas por los cargos de rebelión y abuso de autoridad.
El exmandatario, quien se encuentra recluido de forma preventiva desde que fue destituído, se presentó sin abogado a la instancia del juicio oral, debido a que, mediante un escrito notificó la subrogación de sus cuatro letrados.
«Quisiera que se haga de conocimiento al país sobre mi escrito y he venido a ratificarme en eso», manifestó.
Y sostuvo que «no tiene razón» exponer a sus defensores a un proceso que denominó «pantomima» y «donde todo parece estar confinado».
«Tampoco acepto un abogado de la defensa pública.», aclaró y dejó en claro que «de todos mis abogados he prescindido de sus servicios».
«Los he subrogado ayer, en el contenido de este escrito está claramente», agregó.
Tras la postura del exjefe de Estado, la sala le asignó un defensor público a Pedro Castillo y explicó que, formalmente, había prescindido de uno de sus abogados, Luis Medrano, pero no de los otros tres.
Por lo tanto, su defensa «continúa subsistiendo».
En tanto, el juez supremo José Antonio Neyra, quien está al frente de la sala, le marcó al expresidente que sus intervenciones «no pueden ser políticas».
El exmandatario fue detenido en Lima, unas horas luego de haber anunciado su autogolpe, con dirección a la Embajada de México junto a su familia.
El Congreso aprobó su destitición y eso ayudó a que su captura fuera más rápida. Fue llevado a la cárcel de Barbadillo, donde se encuentra en la actualidad.
Se lo acusaba del supuesto ascenso ilegal de oficiales en las Fuerzas Armadas y un posible pago ilícito vinculado con la adjudicación de la construcción del Puente Tarata III.
También se lo investigaba por tráfico de influencias en la adjudicación de concesiones petroleras a la controvertida empresa estatal Petroperú.
