«Las personas migrantes intentan organizarse para mantenerse seguras”, me dijo un trabajador humanitario cerca de una plaza en Reynosa, México, a pocos pasos de la frontera con Estados Unidos. Más de 2,000 personas provenientes de muchos países, bloqueadas de la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos, llenaban esta plaza. Viven bajo carpas y lonas, entre baños químicos y fuegos para cocinar.
Había niños y niñas por todos lados. “Mueven a las mujeres y a los niños a las carpas más cerca del centro de la plaza para protegerlos de los secuestradores”. Muchas noches, hay hombres que atacan la plaza, con armas. Se llevan a algunas personas, las retienen en condiciones brutales y piden rescate.
Era el cuarto día de una visita que realicé a mediados de marzo a la zona fronteriza entre Texas y México, y el segundo en el estado de Tamaulipas. Parte de mí se preguntaba si las políticas migratorias y fronterizas de Estados Unidos de alguna forma se diseñan con las ideas de organizaciones de crimen organizado de México que usan a las personas migrantes como presas. Sería difícil diseñar un sistema que beneficie más a estos cárteles que el actual.
Tamaulipas es un gran estado que bordea más de 320 kilómetros de Texas, desde Nuevo Laredo hasta el Golfo de México. De los seis estados fronterizos de México, es el único que tiene una advertencia de “No viajar” del Departamento de Estado de Estados Unidos, “a causa del crimen y los secuestros”.
Dos cárteles, y facciones más pequeñas, frecuentemente protagonizan enfrentamientos armados entre ellos y con las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, corrompen y penetran instituciones gubernamentales tan profundamente que la población hace mucho ya no las ve como una forma de protección.
¿EVITAR EL PASO POR TAMAULIPAS?
Teniendo en cuenta todo esto, uno pensaría que las personas migrantes intentarían evitar pasar por Tamaulipas. Aunque muchas personas lo hacen, durante los últimos nueve años esta ha sido la parte más concurrida de la frontera entre México y Estados Unidos. De hecho, la patrulla fronteriza arresta a más inmigrantes en el sur del Valle del Río Grande de Texas (McAllen, Brownsville y otros pueblos cercanos), alrededor de la mayor parte de Tamaulipas, que en cualquier otro de los nueve sectores en los que se divide la frontera.
La parte del sur de Texas es el punto más cercano a Centroamérica, donde la agencia encuentra decenas de miles de personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua cada año, junto con personas mexicanas, incluyendo padres con hijos, desplazadas por la violencia en otros puntos del país. También conocí a un número creciente de migrantes que llegan desde Colombia, Haití y Venezuela. La gran mayoría espera entregarse a las autoridades de Estados Unidos y solicitar asilo en el país argumentando que sus vidas corren peligro si son regresados.
Esta es una ruta muy concurrida también porque el crimen organizado ha cerrado otros caminos en la frontera. Quienes pueden pagar varios miles de dólares de tasa, vendiendo todo lo que tienen y pidiendo el resto prestado, cruzan con los traficantes de personas. Esta es una enorme fuente de ingresos para el crimen organizado y para oficiales de seguridad y migración corruptos a quienes se les paga para que miren hacia otro lado.
Me impresionó el nivel de control que el crimen organizado tiene sobre las vidas de las personas en las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, especialmente las migrantes. Tanto que impresionaría a oficiales de guerra de Alemania del este durante la segunda guerra.
EL TERROR DE LA “PALABRA CLAVE”
A nadie se le permite estar cerca del Río Grande: los parques frente al río están vacíos. Aquellas personas que intentan cruzar sin pagar son golpeadas, o peor. Quienes no tienen una “palabra clave” u otra prueba de que han pagado sumas exorbitantes a los cárteles son secuestradas.
Personas migrantes, incluyendo padres, madres y menores, son retenidas en bodegas apestosas. Mientras, sus captores envían a sus familiares en Estados Unidos videos aterradores con instrucciones para transferir miles de dólares de rescate. Si nadie paga, desaparecen, esclavizan o matan a las personas. Las fuerzas de seguridad mexicanas casi nunca llegan a rescatar a las víctimas.
En Nuevo Laredo, grupos de secuestradores circulan cerca de puentes desde Estados Unidos, buscando migrantes que fueron removidos recientemente y que no tienen la “palabra clave” correcta para secuestrarlos. En Matamoros pregunté si “aproximadamente el 20 por ciento” de los migrantes que esperan había sido secuestrado antes. “Oh, es mucho más que eso”, me dijo un trabajador humanitario.
Y cada día, aun cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es consciente de los peligros y las consecuencias, el gobierno de Estados Unidos lleva más víctimas directo a los criminales. El Título 42, política migratoria de la pandemia que la administración Trump lanzó en marzo de 2020 y la actual administración decidió prolongar hasta el 23 de mayo, ha expulsado docenas de miles de migrantes no mexicanos a Tamaulipas. Aproximadamente han sido 250,000 casos desde la inauguración del gobierno de Biden, sin darles oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos.
Personas con ciudadanía mexicana fueron expulsadas a Tamaulipas 160,000 veces durante ese periodo. A ellas hay que agregar 25,000 personas mexicanas deportadas, mayoritariamente arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de Estados Unidos.
SECUESTRADORES ESPERAN EN LOS PUENTES
Usualmente, los secuestradores están esperando a las personas migrantes que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) deja en los puentes. Mientras tanto, con la excusa de reducir la exposición al covid-19, el Título 42 ha cerrado los cruces fronterizos oficiales a personas solicitantes de asilo, haciendo imposible que puedan ejercer su derecho a solicitar protección, tal como está garantizado en la legislación de Estados Unidos y a nivel internacional.
Aquellas personas que son expulsadas, y los adultos y menores que quedan varados esperando por una oportunidad para acercarse a los puertos de entrada, están entre las poblaciones más vulnerables del hemisferio occidental. Y están apenas a pasos de la frontera con Estados Unidos. En febrero, investigadores de la Universidad de Texas estimaron que aproximadamente 9,500 personas estaban esperando en las ciudades fronterizas de Tamaulipas por una oportunidad para solicitar protección en Estados Unidos.
Human Rights First recolectó evidencia en toda la frontera de al menos 9,886 casos de secuestro, tortura, violaciones y otros ataques violentos contra solicitantes de asilo, a quienes el Título 42 ha mantenido varados desde 2021. En Tamaulipas, la cantidad de casos es aún mayor que lo que indican las estadísticas. Porque la situación de seguridad hace que reunir información sea muy difícil.
Por esta razón parece que la actual política migratoria ha sido diseñada para beneficiar a los cárteles. Si las personas migrantes que temen volver a sus países pudieran cruzar México de forma segura, reportarse en un puerto de entrada y tener la oportunidad de presentar sus casos, que estos fueran considerados y adjudicados rápidamente, tal como lo permite el sistema, el modelo de negocios de los cárteles se destruiría.
UN INCENTIVO PERFECTO
En cambio, cerrar los puertos de entrada y enviar a las personas migrantes a más peligro ha creado el incentivo perfecto para aquel modelo de negocios.
Estas poblaciones vulnerables no pueden esperar hasta que el estado de derecho llegue a Tamaulipas. El gobierno de Estados Unidos debe actuar para quitar el negocio de las manos de los criminales que toman a las personas migrantes como presas. Lo que necesitan hacer ya está dispuesto en las leyes estadounidenses.
Desde 1980, la ley migratoria de Estados Unidos deja en claro que los puertos de entrada oficial son lugares donde las personas solicitantes de asilo pueden acercarse a oficiales y expresarles sus temores de regresar a sus países de origen. Por dos años, el Título 42 ha hecho imposible acercarse a un puerto de entrada.
Una vez que el Título 42 termine, a finales de mayo, las personas solicitantes de asilo deben poder llegar a un puerto de entrada de forma directa. Y no verse obligadas a pagar a criminales para cruzar el Río Grande.
Luego, sus solicitudes deben ser procesadas: chequear antecedes e historial de salud, comenzar el papeleo de asilo y evaluar la credibilidad de sus temores. Ello en instalaciones con el espacio y capacidad humana para hacerlo rápido. Alternativas robustas a los programas de detención pueden mantener a las personas dentro del sistema. La acumulación de casos puede reducirse añadiendo oficiales al sistema y reconstruyendo y repensando el sistema de cortes de migración.
URGE DETENER LAS EXPULSIONES
Mientras se trabaje en estas reformas, la administración de Biden debe, de manera inmediata, detener las expulsiones inseguras de migrantes. Recordemos que estas dan lugar a abusos y brindan oportunidades para el crimen organizado.
Las deportaciones y expulsiones a ciudades fronterizas deben minimizar las posibilidades de secuestros. Esto incluye evitar expulsiones nocturnas, cuando las autoridades mexicanas no están presentes. Así como ayudar a los refugios en México a estar más seguros y evitar que personas migrantes sean enviadas a zonas controladas por organizaciones criminales.
Si no se toman estas medidas, solo se continuará aumentado el poder de los cárteles. Tamaulipas es el ejemplo más extremo. Acabar con el Título 42 y construir los procesos de asilo que las leyes conciben no es solamente humano. Es una de las formas más efectivas que puede tener Estados Unidos para acabar con el crimen organizado en la frontera.
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Adam Isacson es director para Veeduría de Defensa de la Oficina para Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA). Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.
Publicado en cooperación con Newsweek en español
