En una entrevista de 2021 con el New York Times, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había contado que durante el mes previo a la firma del contrato entre el bloque y la farmacéutica Pfizer había mantenido numerosas charlas por chat con el consejero delegado del laboratorio, Albert Bourla.
En aquel momento, varios de los países del grupo pidieron explicaciones por aquellas conversaciones y se puso en marcha una investigación sobre estos contratos, que son los mayores que el bloque haya firmado en materia de vacunas contra el COVID-19, por 18.000 millones de dosis.
Al respecto, la Defensora del Pueblo de Europa, Emily O’Reilly, criticó el silencio de Von der Leyen sobre el asunto y afirmó que eso sigue dañando la confianza en la región, sobre un tema sensible como es la salud. «Tenemos que saber lo que ha pasado, de lo contrario se alargará», aseguró respecto a la investigación.
En junio de 2022, la Comisión de Bruselas respondió a la fiscalía en 2022 que no tenía los textos entre Von der Leyen y Bourla. Por un lado, O’Reilly aseguró que la gente podría llegara entender el interés de la presidenta del bloque en avanzar en el contrato, dado que en ese momento la tasa de muertes por Covid seguía siendo alta y el mundo estaba paralizado. Sin embargo, señaló que el “secretismo” alimenta las sospechas de corrupción y el escepticismo respecto a las propias vacunas. «Esto es un regalo del cielo para los que son hostiles a la UE y contrarios a las vacunas, porque puede alimentar la narrativa de que algo se está ocultando», explicó.
La Defensora del Pueblo de Europa, Emily O’Reilly, pide mayor transparencia en la firma de los millonarios contratos con Pfizer (REUTERS/Yves Herman)
De hecho, O’Reilly denunció que la Comisión “bloqueó” su petición de 2022 para publicar los mensajes de texto intercambiados, argumentando que esos textos no constituían un documento elegible para solicitudes de libertad de información, según normas de la UE.
La defensora advirtió que demandaría a la comisión por no divulgar los chats. Pero en términos institucionales, sus determinaciones no son vinculantes. Aún así, su postura puede motivar a otros organismos y países a trazar sus propias investigaciones.
(Con información de Reuters)
