Estados Unidos se pronunció en contra de la decisión de la Corte Penal Internacional respecto a emitir órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant.
«Estados Unidos rechaza fundamentalmente la decisión de la Corte de emitir órdenes de detención para altos funcionarios israelíes», aseveró un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés).
Y agregó: «Seguimos profundamente preocupados por la prisa del fiscal por buscar órdenes de detención y los preocupantes errores de proceso que llevaron a esta decisión».
«Estados Unidos ha sido claro en que la CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto», remarcó.
Y añadió: «En coordinación con socios, incluido Israel, estamos discutiendo los próximos pasos».
Michael Waltz, a quien Donald Trump eligió como su asesor en seguridad nacional, también cuestionó la decisión del tribunal.
«La CPI no tiene credibilidad y estas acusaciones han sido refutadas por el gobierno de Estados Unidos», recalcó mediante su cuenta de X.
Y aseveró: «Israel ha defendido legalmente a su pueblo y sus fronteras de los terroristas genocidas».
«Se puede esperar una fuerte respuesta al sesgo antisemita de la CPI y la ONU en enero», advirtió.
The ICC has no credibility and these allegations have been refuted by the U.S. government.
Israel has lawfully defended its people & borders from genocidal terrorists. You can expect a strong response to the antisemitic bias of the ICC & UN come January. https://t.co/jIalwzooeS
— Rep. Mike Waltz (@michaelgwaltz) November 21, 2024
Los gobiernos norteamericanos, tanto republicanos como demócratas, sostuvieron en el pasado que el tribunal no tiene que ejercer su autoridad sobre ciudadanos de países que no son integrantes de este organismo. EEUU no es miembro.
«Sigue existiendo el temor a que el tribunal investigue realmente la perpetración de crímenes atroces, dada la proyección militar de ambos países a escala regional o mundial, y el temor a ser procesados por motivos políticos, y no basados en pruebas», afirmó David Scheffer, exembajador de Estados Unidos y principal negociador del estatuto por el que se creó el tribunal.
