La organización Human Rigths Watch se pronunció acerca de la situación en Perú mediante un comunicado en el que afirmó que el anuncio de Pedro Castillo sobre su intención de disolver de forma temporal el Congreso y «reorganizar» el Poder Judicial, «constituyó un golpe de Estado».
Acerca de la cantidad de muertos en las manifestaciones, indicó que «al menos 22 personas fallecieron durante protestas reprimidas por fuerzas de seguridad, en las que pedían elecciones anticipadas» y añadió que «más de 600 manifestantes y policías resultaron heridos».
También se refirió al accionar de Castillo al frente del gobierno y remarcó que «decretó al menos cuatro estados de emergencia durante 2022, que implicaron la suspensión de derechos básicos y el despliegue de las fuerzas armadas en calles y carreteras, bajo el argumento de combatir la criminalidad y en respuesta a una huelga». Además, aseguró que «las normas peruanas relativas al uso de la fuerza por agentes de las fuerzas de seguridad no cumplen con los estándares internacionales«.
El 7 de diciembre, Castillo trató de disolver el Congreso y reorganizar el poder judicial mientras era investigado por presuntos actos de corrupción. Horas después, el Congreso aprobó su destitución y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia. (3/8)
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) January 20, 2023
A su vez cuestionó los procedimientos electorales del país y recordó que «en mayo, el Congreso reemplazó a seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional por medio de un proceso de selección que careció de suficiente transparencia».
«Previamente, el tribunal emitió varias sentencias que no cumplieron con los estándares internacionales de derechos humanos sobre cuestiones como el matrimonio entre personas del mismo sexo, los derechos de los pueblos indígenas y la justicia por crímenes de lesa humanidad», añadió.
En esa línea afirmó que «las amenazas a la libertad de expresión y la violencia contra mujeres y defensores del ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas siguen siendo preocupantes«.
Desde entonces, la situación no ha dejado de empeorar. La Defensoría del Pueblo reporta la muerte de 42 manifestantes y transeúntes, de 1 policía y de 10 personas en accidentes de tránsito y hechos vinculados con los bloqueos de carreteras. (5/8)
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PROCESOS JUDICIALES CONTRA PEDRO CASTILLO
Sobre los procesos judiciales, detalló que hay «seis investigaciones por presunta corrupción y otros delitos contra Pedro Castillo mientras era presidente, al igual que contra familiares suyos y miembros de su gobierno» y subrayó que «en octubre, la fiscal de la Nación acusó al entonces presidente y a dos exmiembros de su gabinete de integrar una organización criminal, tráfico de influencias y colusión». Ante esto, indicó que «Castillo respondió diciendo que las investigaciones tenían motivaciones políticas«.
ACERCA DE DINA BOLUARTE
La institución hizo hincapié en que Dina Boluarte «suspendió algunos derechos fundamentales, como la libertad de reunión, autorizando allanamientos sin orden judicial y movilizando a las fuerzas armadas en ‘apoyo’ a la policía en el mantenimiento del orden público».
EL ACCIONAR DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
El informe subrayó que «en 2020, la policía usó fuerza excesiva en Lima durante las protestas mayormente pacíficas relacionadas con la destitución del entonces presidente Martín Vizcarra» y en consecuencia, «más de 200 personas resultaron heridas y dos manifestantes murieron«.
Dos años después, «en febrero, marzo y abril (del 2022), el entonces presidente Castillo dictó decretos de estado de emergencia suspendiendo la libertad de tránsito y de reunión pacífica, autorizando detenciones y allanamientos de domicilios arbitrarios y permitiendo el despliegue de las fuerzas armadas en Lima y en la vecina Callao con el argumento de combatir la criminalidad, lo que constituyeron medidas desproporcionadas».
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
«Las amenazas a la libertad de expresión siguen siendo un grave motivo de preocupación en el Perú, en donde varios periodistas enfrentan procesos judiciales a causa de su trabajo«, aseveró el estudio y agregó que «el Código Penal del Perú establece una pena de hasta dos años de prisión para casos de difamación, lo cual resulta violatorio de los estándares internacionales». «En agosto, aliados del entonces presidente Castillo en el Congreso presentaron un proyecto de ley con el fin de elevar la pena hasta cuatro años«, recalcó.
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
Human Rights Watch aseguró que «la violencia de género es un problema extendido en el Perú» y precisó que «el Ministerio de la Mujer informó de 136 casos en el 2021 de feminicidio, definido como el asesinato de una mujer en determinados contextos, incluidos los de violencia doméstica». «Entre enero y agosto de 2022 registró 75 casos«, marcó.
IDENTIDAD DE GÉNERO
La organización puntualizó que «durante la campaña de 2021, Castillo realizó comentarios despectivos sobre las personas transgénero y, una vez en el cargo, designó a varios ministros que habían hecho comentarios homofóbicos» y añadió que «en el Perú no se permite que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio o celebren uniones civiles«.
COMUNIDADES INDÍGENAS
«Al menos siete ambientalistas, seis de ellos indígenas, fueron asesinados entre enero y septiembre de 2022«, detalló el informe y remarcó que «sus comunidades creen que fueron asesinados por su trabajo en defensa del medioambiente».
REFUGIADOS Y MIGRANTES
«Más de 1,3 millones de migrantes y solicitantes de asilo venezolanos se encontraban en el Perú a junio del 2022, de acuerdo con datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados», indicó al tiempo que marcó que «según la Defensoría del Pueblo, el Perú había recibido más de 606.000 solicitudes de asilo de venezolanos hasta enero y había otorgado asilo a 4.125, es decir, a menos del 1 %«.
En esa línea, aseveró que «el gobierno del entonces presidente Castillo fue incrementando su hostilidad contra los migrantes venezolanos» y subrayó que «en diciembre de 2021, su gobierno intentó expulsar a Venezuela por vía aérea a 41 migrantes indocumentados, ninguno de ellos con antecedentes penales en el Perú, pero no obtuvo autorización para ingresar al espacio aéreo venezolano».
Para concluir, agregó que «en agosto, el entonces presidente Castillo anunció un programa para expulsar a los migrantes que ´’han venido a delinquir'».
Es necesario fortalecer el Estado de derecho, investigando posibles abusos por fuerzas de seguridad y actos de violencia de algunos manifestantes, como paso para avanzar en una solución a la crisis social y política. (7/8)
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) January 20, 2023
