El Gobierno de Donald Trump decidió hacer uso del secreto de Estado e indicó que no dará a conocer más información sobre las deportaciones de venezolanos de EEUU al Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo) en El Salvador.
La determinación fue anunciada por el Departamento de Justicia nortemericano en respuesta al pedido del juez federal James Boasberg quien le exigió a la actual administración que responda determinadas preguntas sobre esos vuelos, que el magistrado bloqueó de manera temporal.
Como argumento, la Casa Blanca sostuvo que revelar más datos pondría en peligro secretos de Estado.
Durante casi 10 días, acorde con lo publicado por Alan Feuer y Charlie Savage en el New York Times, el magistrado le pidió información a la gestión del republicano respecto de estos viajes a fin de poder establecer si los funcionarios dejaron que esos vuelos continuarán hacia El Salvador violando la orden que él había emitido en la que exigió el regreso de esos aviones a los Estados Unidos.
Pero el Gobierno norteamericano insiste en que todos los deportados pertenecen a la megabanda criminal «El Tren de Aragua» por lo que dar más información «socavaría o impediría futuras operaciones antiterroristas».
«El tribunal tiene todos los datos que necesita para abordar las cuestiones de cumplimiento ante sí», afirmó el Departamento de Justicia en un escrito
Y agregó que «más intromisiones en el poder ejecutivo supondrían daños peligrosos y totalmente injustificados en la separación de poderes con respecto a cuestiones diplomáticas y de seguridad nacional que el tribunal carece de competencia para abordar».
QUÉ ES EL SECRETO DE ESTADO
El secreto de Estado es una doctrina jurídica que le permite al Poder Ejecutivo bloquear el uso de evidencia en los tribunales , y en determinados caso suspender juicios enteros, cuando desde el Gobierno se asevera que litigar esos temas en una audiencia pública podría revelar información que perjudicaría la seguridad nacional.
Lo común al utilizar este principio es que el Poder Ejecutivo le brinde al juez en forma confidencial una descripción precisa de las evidencias que no son aptas para debatirse en una audiencia pública.
Pero el Gobierno Trump no le dio, de manera privada, esas pruebas al juez Boasberg.
De hecho, la Corte Suprema admitió por primera vez que el secreto de Estado, una decisión de 1953, aprobaba la retención de información siempre que hubiera un «peligro razonable» de dar a conocer cierta información que pudiera dañar la seguridad nacional.
Durante el Gobierno de Obama se le colocaron limitaciones al uso del secreto de Estado: el Poder Ejecutivo no puede utilizar este privilegio si lo que busca es «ocultar infracciones de la ley, ineficacia o error administrativo», «evitar situaciones vergonzosas» o bloquear información «cuya divulgación no se esperaría razonablemente que causara un daño significativo a la seguridad nacional».
