Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Walk Free y la Organización Internacional para las Migraciones sostiene que más de 50 millones de personas en todo el mundo se encuentran en situación de “esclavitud moderna”, con un aumento significativo en los últimos cinco años.
Pero, ¿qué es este flagelo que revela el peor costado de la desigualdad? De acuerdo a la OIT, se considera “esclavitud moderna” al trabajo forzoso y a los matrimonios forzosos, ambos casos bajo condiciones de explotación a las que las personas no pueden negarse o abandonar por amenazas, violencia, coacción, engaño o abuso de poder.
Aunque pareciera tratarse de un fenómeno propio del siglo XIX, los datos de 2021 muestran, como se indicaba, que 50 millones de personas lo padecen. Calculan que al menos 28 millones de personas desarrollan trabajos forzosos, mientras que 22 millones están atrapados en matrimonios forzosos.
Pero de un análisis pormenorizado surgen datos realmente alarmantes. Por empezar, hay 10 millones más de esclavos modernos que en 2016, y los niños y las mujeres siguen siendo los grupos más vulnerables.
Y es que se trata de una fenómeno transversal a todos los países. De hecho, se calcula que el 52% de esos trabajadores forzados y un cuarto de los matrimonios obligados se concentran en naciones de renta media-alta o alta.
En lo que respecta particularmente al trabajo forzoso aseveran que el 86% se registra en el sector privado, y la principal de todas esas tareas es la explotación sexual en general, que representa un 63% (la explotación sexual forzosa es el 23%). Además, cuatro de cada cinco de estas víctimas son mujeres o niñas. El restante 14% es explotado por algún Estado.
Se calcula que unos 3,3 millones de niños están actualmente realizando trabajos forzosos (más de la mitad explotados en el comercio sexual), lo que significa una de cada ocho personas explotadas.
Respecto al matrimonio forzado, hubo un crecimiento de 6,6 millones en los últimos cinco años. Al respecto, la OIT explica: “La verdadera incidencia de los matrimonios forzados, en particular los que involucran a niños de 16 años o menos, es probablemente mucho mayor de lo que las estimaciones actuales pueden captar; estas se basan en una definición estrecha y no incluyen todos los matrimonios infantiles. Los matrimonios infantiles se consideran forzados porque el niño no puede dar legalmente su consentimiento para casarse”.
Esto se vincula con “actitudes y prácticas patriarcales muy arraigadas y depende en gran medida del contexto”. En ese sentido, sostienen que “la abrumadora mayoría de los matrimonios forzados (más del 85%) fue impulsada por la presión familiar”. Dos tercios (el 65%) se dan en Asia y el Pacífico, pero si se tiene en cuenta el tamaño de la población regional, esta situación es proporcionalmente más alta en los Estados Árabes, con 4,8 personas de cada 1.000.
Otro grupo sumamente vulnerable en este aspecto son los migrantes, ya que “tienen más de tres veces más probabilidades de realizar trabajos forzados que los trabajadores adultos no migrantes”, además que estar expuestos al negocio de la trata.
Al respecto, Guy Ryder, director general de la OIT, afirmó: “Es escandaloso que la situación de la esclavitud moderna no mejore. Nada puede justificar la persistencia de este abuso fundamental de los derechos humanos. Sabemos lo que hay que hacer, y sabemos que se puede hacer. Es fundamental contar con políticas y regulaciones nacionales eficaces. Pero los gobiernos no pueden hacerlo solos. Las normas internacionales proporcionan una base sólida, y es necesario un enfoque que incluya a todas las partes. Los sindicatos, las organizaciones empresariales, la sociedad civil y los ciudadanos de a pie tienen un papel fundamental que desempeñar».
¿Cómo cambiar esta realidad? Para ello, la OIT elaboró una serie de iniciativas para que los gobiernos implementen “de manera urgente”. Entre ellas se encuentran “mejorar y hacer cumplir las leyes y las inspecciones de trabajo; poner fin al trabajo forzoso impuesto por el Estado; reforzar las medidas para combatir el trabajo forzoso y la trata de personas en las empresas y las cadenas de suministros; ampliar la protección social; y reforzar las protecciones legales, incluida la elevación de la edad legal para contraer matrimonio a los 18 años sin excepción”.
Finalmente, piden “abordar el mayor riesgo de trata y trabajo forzoso para los trabajadores migrantes, promover la contratación justa y ética, y un mayor apoyo a las mujeres, niñas y personas vulnerables”.
