Agustín Nahuel Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), fue retenido el 8 de diciembre por las fuerzas de Nicolás Maduro al ingresar a Venezuela por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en Táchira.
Oriundo de Catamarca y miembro del escuadrón 27 de “Uspallata” en Mendoza, había viajado durante su licencia anual para visitar a su pareja venezolana, María Gómez, y a su hijo de 2 años, quienes se encontraban en el país caribeño cuidando a la madre enferma de la mujer.
La visita contaba con la autorización formal de la Gendarmería, descartándose cualquier vínculo con misiones oficiales o de inteligencia.
La detención del cabo argentino habría estado motivada por una revisión de su teléfono celular en Migraciones, donde fuerzas de seguridad venezolanas encontraron mensajes críticos hacia el gobierno de Nicolás Maduro.
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Según relató María Gómez, un mensaje enviado durante las elecciones de julio, en el que describía la situación del país como una “dictadura”, pudo haber sido interpretado como un motivo para la detención. Tras ser retenido en San Cristóbal, Gallo fue trasladado a Caracas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
La situación generó una rápida reacción del gobierno argentino, que denunció la detención como “arbitraria e injustificada”.
En un comunicado conjunto, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad exigieron la liberación inmediata del gendarme, calificando el hecho como un “secuestro” por parte del régimen chavista. En paralelo, la Agrupación XI de Gendarmería presentó un recurso de hábeas corpus en el Juzgado Federal de Mendoza para visibilizar el riesgo de desaparición forzada.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, descartó por completo las acusaciones de espionaje y defendió la transparencia del viaje, subrayando que Gallo ingresó con sus credenciales oficiales. Además, destacó lo absurdo de insinuar una operación encubierta bajo estas circunstancias. “Seríamos muy malos en inteligencia si hiciéramos eso”, ironizó. Bullrich también sostuvo conversaciones con la familia del gendarme y aseguró que se están reuniendo pruebas documentales para confirmar el carácter exclusivamente familiar del viaje.
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El caso se agrava por las recientes denuncias de hostigamiento hacia un empleado local de la embajada argentina en Caracas, lo que refleja el deterioro diplomático entre ambos países.
Desde el gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, indicó que se exploran canales de negociación con naciones como Colombia y Brasil para mediar en el conflicto. “Se trata de un hecho grave que requiere intervención internacional. Seguimos en tratativas diplomáticas para lograr la pronta liberación de Gallo”, afirmó.
Por último, el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) denunció la situación como una violación a los derechos humanos y condenó las tácticas de intimidación del gobierno venezolano. En su comunicado, reclamaron la liberación inmediata del cabo y advirtieron: “No más atropellos, no más dictaduras en América Latina”.
