Luego de que se conociera el triunfo de Lula en segunda vuelta en Brasil, miles de personas salieron a las calles y rutas, no sólo repudiando la derrota del presidente Jair Bolsonaro y denunciando un presunto fraude, sino también convocando a las fuerzas armadas a realizar un autogolpe de Estado.
Bolsonaro en ese momento no reconoció la derrota públicamente, pero llamó a esos sectores, especialmente a los camioneros, a desmovilizarse y dejar libres las rutas. Pero la Justicia abrió una fuerte investigación.
En ese marco, el juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema, ordenó congelar las cuentas bancarias de al menos 43 personas físicas y jurídicas, sospechadas de haber financiado esos bloqueos; y dio diez días de plazo a la Policía para tomar declaración a todos los involucrados.
Eso incluye también a las propias fuerzas armadas, ya que entre esas manifestaciones hubo un acampe en el Cuartel General del Ejército de Brasilia, donde parece estar probado que se expresaron consignas golpistas y de intervención militar, de acuerdo a Europa Press.
En la orden de De Moraes se explica que se efectuó un «abuso reiterado del derecho a reunión» y que se ejerció de manera «ilícita» y «criminal» para no reconocer los resultados.
En el caso de las protestas en Brasilia, se concretó un desplazamiento «coordinado» de camiones y se produjo una reunión con el Ejército “con el fin de romper el orden constitucional -incluyendo peticiones de una ‘intervención federal’- a través de una interpretación absurda” de la Constitución.
De acuerdo al magistrado, todo eso contó con el financiamiento de un grupo de empresarios que «estarían financiando los actos antidemocráticos que están siendo analizados», a través de diversas modalidades, como dinero, alojamiento o vehículos.
