La crisis institucional en Ecuador suma un nuevo capítulo. El Gobierno suspendió a la vicepresidenta Verónica Abad, a la que acusa de “abandono injustificado” de su cargo, y nombró a una nueva en su reemplazo.
La funcionaria, quien desde hace meses lleva una dura enemistad con el presidente Daniel Noboa, fue destituida del cargo por 150 días por “abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales consecutivos”.
Según una resolución del Ministerio del Trabajo de Ecuador, se le realizó un sumario administrativo por no cumplir con la orden de trasladarse a Ankara, Turquía, donde debía asumir funciones como embajadora en Israel.
Abad había sido designada tras las elecciones como embajadora de la paz en Israel, un cargo simbólico que ella acusa tiene como fin sacarla del cargo para el que fue electa.
Esto, en el contexto de las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Ecuador, en las que Noboa buscará la reelección. Al ser candidato, el actual mandatario deberá delegar sus labores en la vicepresidenta, algo que quería evitar.
Para eso, tras la suspensión de Abad, el Presidente ecuatoriano nombró a una nueva vicepresidenta: Sariha Moya, quien hasta el momento se desempeñaba como secretaria de Planificación.
A través de un comunicado, señalaron que la nueva funcionaria asumirá en cumplimiento al artículo 150 de la Constitución, que establece que “en caso de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la Presidencia de la República”.
Desde el Gobierno destacaron que Moya “ha demostrado una trayectoria ejemplar en el servicio público, con una sólida formación en gestión pública y un profundo compromiso con el bienestar de todos los ecuatorianos”.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, aseguró que «se acabaron los gobiernos tibios»
ABAD DENUNCIA UN “GOLPE DE ESTADO”
Mientras tanto, Verónica Abad criticó la decisión de removerla del cargo, asegurando que la apertura del sumario administrativo es una “grosera violación a la Constitución y a las leyes”.
Asegura que quieren inhabilitarla por “una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República, cuando el presidente candidato entre en su campaña, en la que se encuentran ya abiertamente desde el inicio de su Gobierno”.
Mencionó que utilizan “argumentos propios de una dictadura”, y que ya hubo “innumerables intentos” para presionarla a que deje la vicepresidencia. “La utilización de las instituciones para fines personales y la ruptura del orden constitucional son prácticas que no podemos tolerar”, manifestó.
