Investigación exclusiva de Newsweek – Por William M. Arkin
El allanamiento en Mar-a-Lago se basó en gran medida en información de una fuente confidencial del FBI, que pudo identificar qué documentos clasificados aún ocultaba el expresidente Trump, e incluso la ubicación de esos documentos, revelaron a Newsweek dos altos funcionarios del Gobierno.
Los funcionarios, que tienen conocimiento directo de las deliberaciones del FBI y se les concedió el anonimato por tratarse de asuntos delicados, contaron que la redada en la residencia de Donald Trump en Florida se programó deliberadamente para que ocurriera cuando el expresidente no estaba.
Los encargados de tomar decisiones del FBI en Washington y Miami pensaron que negarle al expresidente una oportunidad para tomarse una foto o una plataforma desde la cual hacer una tribuna (o intentar frustrar el procedimiento) bajaría el perfil del evento, asegura una de las fuentes, un alto funcionario del Departamento de Justicia, un veterano con 30 años en el FBI.
El esfuerzo por mantener discreta la redada fracasó: en cambio, provocó una respuesta furiosa de los líderes republicanos y los partidarios de Trump. “Qué contragolpe tan espectacular”, admitió el funcionario de Justicia.
“Sé que hay mucha especulación por ahí de que esto es una persecución política, pero realmente es lo mejor y lo peor de la burocracia en acción”, dice el funcionario, y agregó: «Querían enfatizar el hecho de que se trataba de una acción policial de rutina, despojada de cualquier connotación política y, sin embargo, obtuvieron exactamente lo contrario».
Ambos altos funcionarios del Gobierno dicen que la redada se programó sin ningún motivo político: el FBI tenía la única intención de recuperar documentos altamente clasificados que fueron sustraídos ilegalmente de la Casa Blanca. Los preparativos para llevar a cabo una operación de este tipo comenzaron hace semanas, pero al planificar la fecha y la hora, la Oficina de Campo del FBI en Miami y la sede de Washington se centraron en el regreso programado del expresidente a Florida desde sus residencias en Nueva York y Nueva Jersey.
“Estaban tratando de evitar cualquier circo mediático”, dice la segunda fuente, un alto funcionario de inteligencia que fue informado sobre la investigación y la operación. «Entonces, aunque todo tenía sentido burocráticamente y el FBI temía que los documentos pudieran ser destruidos; y crearon la tormenta de fuego que buscaban evitar, al ignorar las consecuencias«.
El lunes, alrededor de las 10 a.m. (hora del este), dos docenas de agentes y técnicos del FBI se presentaron en la casa de Donald Trump en Florida para ejecutar una orden de allanamiento para obtener cualquier documento propiedad del gobierno que pudiera estar en posesión de Trump, pero que deba ser entregado a los Archivos, bajo las disposiciones de la Ley de Registros Presidenciales de 1978. (En respuesta al escándalo de los correos electrónicos de Hillary Clinton, el propio Trump firmó una ley en 2018 que convertía en delito grave retirar y retener documentos clasificados).
La ley establece que los registros presidenciales son propiedad del Gobierno de los EEUU y no propiedad privada del presidente. Establecida después de Watergate para evitar los abusos de la administración de Nixon, la ley impone sanciones estrictas por incumplimiento. “Quien, teniendo la custodia de tal registro, procedimiento, mapa, libro, documento, papel u otra cosa, deliberada e ilegalmente oculte, sustraiga, mutile, borre, falsifique o destruya, será multado con US$ 2.000 y hasta a tres años de prisión, o «perderá el derecho a su cargo y será inhabilitado para ocupar cualquier cargo en los EEUU».
La ley y las preocupaciones sobre la posesión ilegal de «información de defensa nacional» clasificada son las bases para la orden de allanamiento, según las dos fuentes. La redada no tuvo nada que ver con la investigación del 6 de enero ni con ninguna otra presunta irregularidad del expresidente.
El camino hacia la redada comenzó hace un año y medio, cuando en la transición de la administración Trump a la del presidente Joe Biden, la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, por sus siglas en inglés) planteó preguntas inmediatas sobre si la los registros presidenciales entregados a la agencia federal para la preservación histórica estaban completos o no.
En febrero, el archivista David Ferriero testificó ante el Congreso que su agencia comenzó a hablar con la gente de Trump justo después de dejar el cargo y que la campaña de Trump ya había devuelto 15 cajas de documentos a los Archivos. Ferriero dijo que en esos materiales, los Archivos descubrieron elementos «marcados como información clasificada de seguridad nacional», lo que desató nuevas investigaciones sobre si Trump seguía poseyendo material clasificado.
Los lineamientos básicos de los hechos que rodean esta línea de tiempo han sido confirmados por el expresidente. Anteriormente dijo que devolvería todos los registros oficiales a los Archivos, calificando cualquier confusión en el asunto como «un proceso ordinario y de rutina para garantizar la preservación de mi legado y de acuerdo con la Ley de Registros Presidenciales». También afirmó que los Archivos «no ‘encontraron’ nada» en lo que ya les habían devuelto, lo que sugiere que no había nada sensible. Dijo que los documentos se habían enviado inadvertidamente a Florida durante el período de transición de seis horas en el que se trasladaron sus pertenencias.
El allanamiento a Trump debía ser discreto, pero el contrataque republicano lo vuelve a posicionar como principal candidato de cara a a2024 (Foto: Brendan Smialowski/AFP. Gentileza Newsweek en Español)
Según la fuente del Departamento de Justicia, los Archivos vieron las cosas de manera diferente: creyeron que la antigua Casa Blanca estaba obstruyendo y continuaba poseyendo material no autorizado. A principios de este año, le pidieron al Departamento de Justicia que investigara.
A fines de abril, dice la fuente, un gran jurado federal comenzó a deliberar si hubo una violación de la Ley de Registros Presidenciales o si el presidente Trump poseía ilegalmente información de seguridad nacional. A través del proceso del gran jurado, los Archivos Nacionales proporcionaron a los fiscales federales copias de los documentos recibidos del expresidente Trump en enero de 2022. El gran jurado concluyó que hubo una violación de la ley, según la fuente del Departamento de Justicia.
La semana pasada, el fiscal del caso y el fiscal federal adjunto local acudieron al juez de primera instancia de Florida, Bruce Reinhart, en West Palm Beach, para solicitar la aprobación del allanamiento de la residencia privada de Donald Trump.
La declaración jurada para obtener la orden de allanamiento, dice la fuente de inteligencia, contenía detalles abundantes y persuasivos de que Trump seguía poseyendo los registros relevantes en violación de la ley federal, y que los investigadores tenían información suficiente para probar que esos registros estaban ubicados en Mar-a-Lago, incluido el detalle de que estaban contenidos en una caja fuerte específica en una habitación específica.
“Para que los investigadores convencieran al juez de Florida de que aprobara una redada sin precedentes, la información tenía que ser sólida, lo cual reafirmó el FBI”, dice la fuente de inteligencia.
Según expertos familiarizados con las prácticas del FBI, el juez Reinhart revisó la evidencia del fiscal e hizo numerosas preguntas sobre las fuentes y la urgencia. El juez firmó una orden de allanamiento que permitía al FBI buscar material relevante y luego el FBI planeó la operación, queriendo realizar la redada mientras Trump pasaba un tiempo en su club de golf en Bedminster, en Nueva Jersey. Una fuente del Servicio Secreto que habló en segundo plano dijo que el director del Servicio Secreto recibió una advertencia previa y luego se le informaron los detalles de la redada.
Debido a que el Servicio Secreto sigue siendo responsable de proteger al expresidente, su familia y su propiedad, el FBI tuvo que coordinarse con el Servicio Secreto para poder acceder a los terrenos.
Un convoy de SUV negros sin identificación y un camión de alquiler Ryder lleno de unas tres docenas de agentes especiales y técnicos del FBI entraron por las puertas a primera hora de la tarde. Agentes del Servicio Secreto fuertemente armados también estaban visiblemente presentes en las puertas. El Departamento de Policía de Palm Beach también estuvo presente en la escena.
Toda la operación se llevó a cabo de forma relativamente sigilosa. No se vio a ninguna persona del FBI con sus icónicas camperas azules anunciando la presencia de la Oficina. Y aunque la policía local estuvo presente, el Departamento de Policía de Palm Beach tuvo cuidado de tuitear el martes que «no estaba al tanto de la existencia de una orden de registro, ni nuestro departamento ayudó al FBI en la ejecución de una orden de registro».
Según informes de prensa, se retiraron del lugar entre 10 y 15 cajas de documentos. Donald Trump dijo en un comunicado que el FBI abrió su caja fuerte personal como parte de su búsqueda. La abogada de Trump, Lindsey Halligan, que estuvo presente durante la búsqueda de varias horas, dice que el FBI se centró en tres habitaciones: un dormitorio, una oficina y una sala de almacenamiento. Eso sugiere que el FBI sabía específicamente dónde buscar.
“Esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada”, dijo el expresidente Trump en un comunicado. Llamó a la redada «mala conducta de la fiscalía, la militarización del sistema de justicia y un ataque de los demócratas radicales de izquierda que desesperadamente no quieren que me postule para presidente en 2024«.
Aunque Trump y sus aliados del Partido Republicano describen la redada como motivada políticamente, es probable que la naturaleza sin precedentes de la redada en la propiedad de un expresidente tenga la mayor repercusión. Incluso los rivales políticos de Trump se han unido para condenar al FBI.
El exvicepresidente Mike Pence tuiteó que «ningún expresidente de los EEUU ha sido objeto de una redada en su residencia personal en la historia de Estados Unidos». Mike Pompeo, secretario de Estado de Trump y director de la CIA, tuiteó que el fiscal general Merrick Garland «debe explicar por qué 250 años de práctica se vieron alterados con este allanamiento”. “Serví en el Comité de Bengasi donde probamos que Hillary poseía información clasificada. Y no, no allanaremos su casa.
La Casa Blanca de Biden dice que el presidente no fue informado sobre la redada de Mar-a-Lago y no sabía nada al respecto de antemano. «El Departamento de Justicia lleva a cabo investigaciones de forma independiente y les dejamos a ellos cualquier asunto relacionado con la aplicación de la ley», aseveró la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre el martes por la tarde. «No sería apropiado que comentáramos sobre ninguna investigación en curso».
La fuente principal del Departamento de Justicia dice que Garland fue informado regularmente sobre la investigación de la Ley de Registros y que sabía sobre el gran jurado y qué material buscaban los fiscales federales. Sin embargo, insiste en que Garland no tenía conocimiento previo de la fecha y la hora de la redada específica, ni se le pidió que la aprobara. «Sé que es difícil de creer para la gente», dice el funcionario, «pero esto era un asunto del fiscal federal y del FBI».
Y, finalmente, sostuvo que fue el director del FBI, Christopher Wray, quien finalmente dio su visto bueno para realizar la redada. «La Oficina malinterpretó el impacto del caso», admitió.
Publicado en cooperación con Newsweek
