«El presidente Trump se sentó en la mesa de su comedor y vio el ataque por televisión mientras su personal de mayor jerarquía, sus asesores más cercanos y sus familiares le rogaban que hiciera lo que se espera de cualquier presidente estadounidense. El presidente Trump se negó a actuar por su deseo egoísta de mantenerse en el poder». Así describió la diputada federal de los EEUU Elaine Luria aquel 6 de enero de 2021, en el que los seguidores del expresidente mantuvieron tomado el Capitolio durante 187 minutos.
Esta reconstrucción es fruto de una investigación llevada a cabo por la comisión de la Cámara de Representantes, en manos de los demócratas, que a lo largo de seis semanas realizó ocho audiencias por las que desfiló una gran cantidad de testigos, incluyendo a varios de los principales asesores de Trump.
Entre ellos estuvieron, por ejemplo, el ex fiscal general Bill Barr, quien desestimó las afirmaciones de Trump sobre el fraude como «patrañas»; y el personal de la Casa Blanca, incluyendo a un empleado que recordaba a un presidente enfurecido lanzando platos que mancharon de ketchup una pared.
La conclusión de la comisión es que Trump validó sin ninguna prueba los rumores de fraude; los hizo públicos, enfureciendo a sus seguidores; y luego, cuando todo su entorno le pedía que reconociera el triunfo de Biden porque no había habido irregularidades, este se negó y dejó que se generaran las situaciones de violencia.
Todo el mundo pudo ver a la horda de fanáticos tomando el capitolio e incluso escuchar los disparos que terminaron en la muerte de manifestantes. Pero en la comisión se pudo analizar materiales audiovisuales en los que se ve a los asaltantes ingresando al grito de “cuelguen a Mike Pence”, mientras buscaban al vicepresidente salón por salón. Era Pence a quien Trump le había pedido que anulara los comicios.
¿Por qué la Cámara de Representantes realizó esta investigación? El objetivo era demostrar que Trump violó la ley al intentar detener el proceso de transición pacífica, en un hecho inédito para la democracia estadounidense.
Pero también está claro que este proceso buscaba y parece estar consiguiendo un impacto político: aunque no está dado por hecho que el Departamento de Justicia avance en una denuncia formal, sí empiezan a verse reflejos en las encuestas.
Una medición de Reuters/Ipsos dada a conocer este jueves sostiene que el 32% de los republicanos considera que Trump no debería presentarse en 2024; la misma encuesta antes de las audiencias daba un 26%.
De todos modos, el actual fiscal general Merrick Garland no descartó avanzar en una acusación oficial contra Trump. «Ninguna persona está por encima de la ley en este país. No puedo decirlo más claramente», dijo. Pero tampoco lo confirmó.
Los republicanos, por su parte, niegan las acusaciones y señalan que se trata directamente de una acción política. La comisión investigadora está formada por siete demócratas y dos republicanos, pero explican que el Partido Republicano se negó el año pasado a formar una comisión bipartidista, como ocurrió con el 11-S.
