El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó un decreto con el que da inicio al cierre del Departamento de Educación.
El mandatario colocó su firma en esta resolución rodeado de niños que firmaron papeles en sus carpetas. Luego todos, incluído el republicano, levantaron esos papeles y se los mostraron a la audiencia.
QUÉ DICE LA ORDEN EJECUTIVA
Bajo el título, «Mejorar los resultados educativos mediante el empoderamiento de los padres, los estados y las comunidades», la disposición sostiene que el Departamento de Educación «ha fallado claramente a nuestros niños, nuestros maestros y nuestras familias».
Por lo que les dará a los menores y a sus familias una «oportunidad de escapar de un sistema que les está fallando».
Respecto a la ayuda a los estudiantes universitarios, la orden indica que «el Departamento de Educación no es un banco y que debe devolver las funciones bancarias a una entidad equipada para servir a los estudiantes estadounidenses».
En esa línea, solicita que cualquier financiación del departamento cumpla con la política federal, incluida la terminación de cualquier financiación vinculada con iniciativas de «diversidad, equidad e inclusión».
Es así como le ordena al secretario de Educación «tomar todas las medidas necesarias» para comenzar el cierre del Departamento de Educación y «conservar la autoridad sobre la educación en los estados y las comunidades locales».
La resolución no precisa un cronograma sobre cuándo esto debería llevarse a cabo y tampoco brinda detalles en cuanto a los pasos que debería tomar la Secretaria de Educación, Linda McMahon, para iniciar el proceso.
LAS CRÍTICAS
El presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, Everett Kelley, advirtió que la «directiva de Trump para eliminar esta pequeña pero poderosa agencia destruiría nuestro sistema educativo y devastaría a las futuras generaciones de estudiantes».
El sindicato hizo hincapié en que el Departamente da ayuda a estudiantes de bajos ingresos y financiamiento a escuelas que sin esa asistencia no podrían, por ejemplo, servicios para estudiantes con discapacidades.
La organización legal Democracy Forward anticipó que recurrirá a los tribunales para impugnar la decisión de Trump. «Presentaremos una demanda contra esta acción y utilizaremos todas las herramientas legales para garantizar que los derechos de los estudiantes, maestros y familias estén completamente protegidos», adelantó la CEO de la organización, Skye Perryman, mediante un comunicado.
