El Parlamento de Uganda votó este martes una nueva ley que califica como delito identificarse como persona LGBTIQ+ y le da al Ejecutivo un enorme poder para perseguir a este colectivo, incluyendo sanciones que llegan a la pena de muerte.
Según un informe de Human Rights Watch, son más de 30 los países de África que prohíben y condenan las relaciones entre personas del mismo sexo, pero la de Uganda es la primera en tipificarla como una práctica “ilegal”, profundizando la discriminación que ya vienen sufriendo las personas de esta comunidad en ese país.
La norma también condena la “promoción” y la “incitación” a la homosexualidad y la “conspiración” para practicarla, conceptos ambiguos que permiten a las autoridades actuar a discreción contra todo lo que consideren “pro-homosexualidad”.
Más allá de las críticas internacionales, la medida tiene fuertes apoyos a nivel local: en esta nación religiosa y conservadora de África Oriental existen importantes sectores que avalan esta embestida, porque consideran que la homosexualidad afecta los valores tradicionales.
Las penas son muy duras. Cadena perpetua para el sexo homosexual y pena de muerte para lo que consideran “homosexualidad agravada”, que implica relaciones con menores de 18 años o cuando el “criminal” es seropositivo.
Al respecto, el parlamentario ugandés David Bahati afirmó durante el debate: “Nuestro Dios creador está contento con lo que está ocurriendo. Apoyo el proyecto de ley para proteger el futuro de nuestros hijos. Se trata de la soberanía de nuestra nación, nadie debe chantajearnos, nadie debe intimidarnos”.
Por su parte, el activista LGBTIQ+ ugandés Frank Mugisha denunció esta legislación. «Esta ley es muy extrema y draconiana. Criminaliza el hecho de ser una persona LGBTQ, pero también están intentando borrar toda la existencia de cualquier ugandés LGBTQ«, aseveró.
Ahora, la ley del Parlamento debe ser promulgada por el presidente Yoweri Museveni, quien por el momento no se pronunció sobre el tema, pero que lleva años luchando contra el colectivo LGBTIQ+. De hecho, en 2013 firmó una ley condenatoria, pero fue anulada por errores procesales.
El Gobierno, en tanto, fue consolidando el clima social para avanzar en esta norma. En las últimas semanas, líderes religiosos y políticos denunciaron que organizaciones LGBTIQ estaban “reclutando” estudiantes para fomentar la homosexualidad. Y, en ese marco, una docente del distrito de Jinja fue detenida por «preparar a niñas para prácticas sexuales contra natura».
Fue acusada de “indecencia grave” y ahora será sometida a juicio, mientras otras seis personas fueron detenidas por formar parte de una red que «participaba activamente en la captación de jóvenes para actos de sodomía (sic)».
(Con información de Reuters)
