(Reuters – Adam Jourdan y Stephanie van den Berg) – Un ucraniano que afirma haber sido torturado por las fuerzas de ocupación rusas ha presentado una denuncia en Argentina, al otro lado del mundo, en un intento poco habitual de exigir responsabilidades por presuntos crímenes de guerra en un momento en que los fiscales de Kiev están desbordados.
En la denuncia, adelantada en exclusiva por Reuters, el hombre acusa a una persona identificada, a dos identificadas por sus indicativos de llamada o insignias militares y a otras personas anónimas de utilizar la electrocución y el encarcelamiento ilegal como formas de tortura entre mediados y finales de 2022, según muestra la denuncia a la que tuvo acceso Reuters.
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El hombre, que pidió no ser identificado por Reuters por temor a su familia que aún se encuentra en las partes de Ucrania ocupadas por Rusia, presentó la denuncia ante el Tribunal Federal de Buenos Aires el lunes contra las personas que dice que lo torturaron, los funcionarios que dirigían el centro de detención en el sur de Ucrania donde dice que estuvo detenido, y su superior en el trabajo a quien acusa de facilitar la agresión.
«Me detuvieron en el trabajo. Luego me torturaron. Usaron descargas eléctricas», dijo a Reuters en una entrevista en un apartamento de Buenos Aires antes de la presentación de la denuncia.
«Fue increíblemente doloroso, así que perdí el conocimiento. Tuve suerte de sobrevivir. Mucha gente sigue allí».
Reuters no pudo confirmar de forma independiente los detalles del relato de la víctima.
El Ministerio de Defensa ruso declinó el lunes hacer comentarios. Moscú niega haber cometido crímenes de guerra en Ucrania y ha criticado anteriores órdenes de detención por crímenes de guerra de la Corte Penal Internacional señalando que son parte de una campaña sesgada de Occidente para desacreditar a Rusia.
El equipo jurídico del detenido y miembros de la ONG ucraniana The Reckoning Project, que presentaron conjuntamente el caso, mostraron a Reuters la denuncia, de casi 70 páginas. Incluye supuestos testimonios de otras personas recluidas en el mismo centro de detención que respaldan las acusaciones, así como conclusiones de expertos de Naciones Unidas sobre prácticas similares de tortura en centros, incluido el implicado.
Según la denuncia, al hombre se le conectaron cables eléctricos a la oreja y a un dedo para administrarle descargas eléctricas por todo el cuerpo. Tanto él como otras personas fueron recluidas en celdas de 10 metros cuadrados, con 12-20 personas por celda, según la denuncia.
Ibrahim Olabi, letrado jefe del caso, declaró que el hombre había sido interrogado y torturado durante unos 20 días. Finalmente fue puesto en libertad sin cargos y consiguió huir a un territorio no ocupado de Ucrania, dijo Olabi.
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El equipo jurídico del hombre pidió que no se dieran detalles en el expediente que pudieran identificar al hombre, el lugar y el momento exactos de los presuntos hechos, ni la identidad de los presuntos autores, alegando preocupación por la seguridad del hombre y la integridad del proceso.
El tribunal argentino tiene que decidir ahora si acepta la denuncia, lo que podría llevar meses. Hasta ese momento, la denuncia no se hará pública.
PASO HISTÓRICO
Si los fiscales argentinos aceptan la denuncia, será el primer caso sobre presuntos crímenes de guerra rusos en Ucrania presentado fuera de Europa y Estados Unidos.
«La presentación de hoy es un paso histórico importante. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a la justicia argentina en su búsqueda de la verdad y la justicia», declaró Yuri Belousov, jefe de la unidad de crímenes de guerra de la Fiscalía General de Ucrania.
Dijo que utilizar la «jurisdicción universal» era crucial para Ucrania, dado el gran número de casos relacionados con presuntos crímenes de guerra que habían creado un «desafío sin precedentes» para su sistema de justicia. Los fiscales ucranianos han registrado más de 126.000 casos de crímenes de guerra desde la invasión rusa de febrero de 2022, dijo Belousov.
Tras los históricos juicios a los líderes de su antigua dictadura militar en los años 80 y a principios de los 2000, Argentina se convirtió en uno de los líderes mundiales en jurisdicción universal.
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En aplicación de este principio, los fiscales pueden iniciar causas por crímenes de guerra y de lesa humanidad en otros países aunque las víctimas y los autores no tengan ningún vínculo con Argentina.
«Un caso de jurisdicción universal como este indica a los autores que los crímenes tienen un coste, y que nunca más podrán viajar con facilidad, no podrán cruzar una frontera sin preguntarse qué ocurrirá al otro lado», afirmó Iva Vukusic, experta en derecho internacional de la Universidad de Utrecht.
El año pasado, una comisión de investigación de la ONU concluyó que el uso de la tortura por parte de Rusia en zonas bajo su control era generalizado y sistemático. La ONU también halló unos «pocos casos» de violaciones cometidas por las fuerzas ucranianas en relación con casos de ataques indiscriminados y malos tratos a detenidos rusos.
Los expertos constataron que las torturas se cometieron principalmente en centros de detención gestionados por las autoridades rusas y sobre todo contra personas acusadas de ser informadores ucranianos.
Argentina se ha hecho cargo anteriormente de casos procedentes de lugares como España, Yemen y Myanmar. Los fiscales argentinos han presentado órdenes de detención, aunque disponen de pocos recursos si las jurisdicciones locales se niegan a cooperar.
(Reporte de Adam Jourdan en Buenos Aires y Stephanie van den Berg en La Haya, con información adicional de Anastasiia Malenko en Kiev y Guy Faulconbridge en Moscú. Edición de Rosalba O’Brien; editado en español por Tomás Cobos – Reuters)
