El régimen de Venezuela rechazó el pedido de captura contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello (ministro de Interior, Paz y Justicia) y 30 funcionarios más llevado adelante por la Justicia argentina.
A través de con un comunicado oficial, el canciller del gobierno venezolano, Yvan Gil, «repudia la írrita decisión de una instancia del desprestigiado poder Judicial argentino».
Y afirmó que consiste en una «burda reacción de retaliación instruida» por el presidente, Javier Milei.
En esa línea, aseveró que se trata de un «desfachatado simulacro de decisión» que representa «una afrenta a la tradición de grandes juristas de la Nación argentina».
Por lo tanto, sostuvo que hay «lawfare» y que la Argentina «busca socavar la soberanía de los países y deslegitimar procesos constitucionales, democráticos y populares».
Remarcó que la decisión judicial «carece de fundamentos de competencia y violenta la jurisdicción de los estados» y que tampoco tiene en cuenta las «inmunidades y privilegios» que protegen a los presidentes y altos funcionarios.
Es por eso, que enfatizó que la medida forma parte de una campaña que, a nivel internacional, tiene como objetivo «apuntalar la progresiva destrucción del Estado de Derecho Internacional».
Perjudicando así, en forma grave, las competencias de los organismos multilaterales y su rol en la comunidad internacional.
Para concluir, Gil agregó que el otro propósito es adelantar el fin del Estado de Derecho en Argentina, algo que «frenéticamente ha jurado consumar Javier Milei en recurrentes ocasiones».
La orden de captura contra Maduro y los altos funcionarios del régimen, tuvo lugar luego de que Venezuela solicitara ordenes de arresto contra Milei, su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por «el robo» del avión de Emtrasur.
