La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la detención de tres activistas de una organización “crítica” con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y que fueron acusados de “terrorismo”.
Este lunes, Bachelet también presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, ahí mismo la responsable de la ONU criticó así la “vinculación de actividades humanitarias y de derechos humanos con el terrorismo”. En el reporte se exige al presidente Nicolás Maduro que cese el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, a desarmar a grupos civiles armados progubernamentales y que haya garantía de que habrá investigaciones efectivas e independientes sobre los homicidios a manos de las fuerzas de seguridad.
“La rendición de cuentas sigue siendo fundamental para prevenir y remediar las violaciones de los derechos humanos y fortalecer el estado de derecho”, indica el reporte, que abarca desde el 1 de junio de 2020 al 30 de abril.
“La protección y la expansión del espacio cívico son vitales para fortalecer la democracia, fomentar el diálogo inclusivo y abordar las causas profundas de los desafíos actuales”.
La ONU documentó 17 casos de muertes presuntamente ocurridas en el contexto de operaciones de seguridad o de protestas, que coinciden con los patrones de ejecuciones extrajudiciales previamente documentado en el Distrito Capital y en los estados de Miranda, Monagas, La Guaira y Zulia. Una de las muertes documentadas por el ACNUDH ocurrió en el contexto de una protesta, y 16 se produjeron, según se reporta, durante operaciones de seguridad realizadas en zonas marcadas por elevados niveles de inseguridad y violencia, indica el reporte.
“Casi todas las víctimas muertas en los casos documentados, eran hombres jóvenes y niños de familias de bajos ingresos en barrios marginales. Estos sucesos siguen teniendo graves efectos en las comunidades, ya que infunden miedo en la población, generan desconfianza en las fuerzas del orden público, marginan aún más a las comunidades pobres y provocan desplazamientos”.
El informe también indica que se continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. “Se recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación. El ACNUDH no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021”, añade.
Publicado en cooperación con Newsweek/ Published in collaboration with Newsweek
