En Venezuela hay 1.905 presos políticos, según precisó la ONG Foro Penal a la fecha del 30 de septiembre. De ese número, hay no menos de 106 detenidos en la localidad de Apure, desde el 28 de julio cuando se celebraron las elecciones presidenciales, de los cuales 19 a fueron llevados a cárceles muy peligrosas de Tocuyito y Tocorón: 15 son mujeres.
Todas estas personas fueron víctimas de jueces de Control, Fiscales del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública y Ministerio del Servicio Penitenciario, que según reveló una organización que defiende los Derechos Humanos, les exigen que paguen una determinada suma de dinero para no ser llevados a esas prisiones.
Jueces, fiscales, defensores y esbirros, «han demostrado una complicidad importante en todo este esquema, de sobornos, tortura, trato cruel, inhumano y degradante, hacia los privados de libertad arbitrariamente durante las protestas postelectorales», aseguró la entidad a Infobae.
«La versión de familiares de varias víctimas es que los funcionarios piden cifras de 700 hasta 5 mil dólares para evitar que los envíen a las cárceles de Tocuyito y Tocorón», indicó la ONG.
Y aclaró: «Depende de la situación económica del detenido: quienes no pagaron completo o no. Pudieron pagar fueron trasladados lejos de Apure. A otros, con más recursos, los han obligado a pagar con dinero, con vacas, con búfalos, con motocicletas, con terrenos, en fin, los han extorsionado».
Además, todas las personas detenidas deben aceptar si o si como defensora pública a Ana Karina Ramírez, pareja sentimental del subjefe del Sebin, Daniel Pérez.
En una entrevista a Newsweek Argentina, el director de Foro Penal, Alfredo Romero, contó que no se les permite tener defensa privada.
Los casos fueron repartidos en los tribunales de control a cargo de los jueces: María Milagros González Díaz, José Antonio Méndez Laprea y Rosmery Torres.
