El régimen de Nicolás Maduro redujó la jornada laboral de la administración pública de Venezuela a solo tres días por semana con una carga horaria de cuatro horas y media diarias en respuesta a la crisis de energía que sufre el país caribeño, consecuencia de la importante sequía que afecta a los embalses que producen electricidad.
La medida se puso en marcha este lunes 25 de marzo y se prolongará por seis semanas. La dictadura chavista sostuvo que la decisión obedece a una «emergencia climática», por lo que la carga horaria estatal quedará 13,5 horas semanales, un tercio de las 40 horas pautadas.
Esta resolución rige para el sector público pero no incluye al área educativa, un rubro que se encuentra seriamente perjudicado por la cantidad de docentes que se vieron obligados a abandonar la nación y por los salarios extremadamente bajos.
Un maestro gana 15 dólares por mes y una familia de cuatro personas para comprar alimentos básicos precisa 500 dólares mensuales, es decir, 38 veces el sueldo de un profesional de la educación. Se estima que el sector educativo venezolano cuenta con un deficit de 200.000 docentes.
La disposición abarca los días lunes, miércoles y viernes, entre las 8 y las 12.30 horas con la posibilidad de extenderse si la crisis hídrica no se soluciona en el tiempo fijado.
El sistema de energía venezolano lleva años presentando fallas y en esta oportunidad, se agravó a raíz de la baja del caudal en los principales embalses hidroeléctricos y termoeléctricos de la nación.
La generación eléctrica hoy funciona «al 80% por debajo de su capacidad, lo cual afecta a 17 millones de personas», acorde a lo indicado por la ONG Provea.
Y, mediante su cuenta de la red social X, recordó que «en 2024, el 69% de los hogares venezolanos enfrentó fallas constantes de electricidad y 17,1% sufrió interrupciones casi diarias, según HumVenezuela.».
«2025 y Venezuela sigue con un plan de racionamiento eléctrico por la crisis en el servicio», remarcó.
La crisis eléctrica se suma a una Venezuela que sufre una alta inflación, una baja del consumo y éxodo másivo. Y a eso hay que agregarle el anuncio del presidente de los EEUU, Donald Trump, que comunicó que aplicará un arancel del 25% a los países que le compren petróleo o gas al país caribeño.