El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, suspendió las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y le dio a sus funcionarios 72 horas para dejar el país. Ante esta decisión, la ONU indicó que analizará los pasos a seguir.
La suspensión, según informó el gobierno mediante un comunicado, regirá «hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas».
Además, anticipó que Caracas llevará adelante una «revisión integral» de los términos de la cooperación técnica, lo que le tardará como mínimo 30 días.
El régimen venezolano no nombró un hecho puntual que generara la suspensión de la oficina en la que trabajaban 13 personas y que se encontraba en ese país desde 2019.
Por su parte, Ravina Shamdasani, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, expresó a la agencia Reuters: «Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los siguientes pasos a seguir».
Y añadió: «Continuamos conversando con las autoridades y otros actores».
Además, dejó en claro que «nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas».
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El miércoles pasado, la televisión estatal de Venezuela había cuestionado unas declaraciones de Michael Fakhri, el relator especial de la ONU respecto al derecho a la alimentación. Michael había criticado un programa oficial de entrega de alimentos mensuales a familias de pocos recursos llamado CLAP.
«Tenía buenas intenciones como ayuda humanitaria temporal del Gobierno. Sin embargo, se ha vuelto susceptible a clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela ni cumple las normas sobre el derecho a la alimentación», manifestó el funcionario en una nota de prensa de su oficina.
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El Gobierno afirmó que desde el comienzo de sus operaciones «la Oficina del Alto Comisionado ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio».
En el pasado, la Oficina había solicitado la liberación de detenidos en Venezuela y hace no mucho, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, expresó su preocupación por la detención de la abogada y activista Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, relacionada según la fiscalía con una conspiración en contra del gobierno.
Con información de la Agencia Reuters
