El Gobierno comenzó a activar los mecanismos para llevar a la práctica los anuncios de reforma de distintos estamentos del Poder Judicial realizados por el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, informaron hoy a Télam fuentes oficiales.
En tanto, ministros y funcionarios nacionales elogiaron y dieron detalles sobre las iniciativas que ya tienen tratamiento parlamentario -en algunos casos con media sanción del Senado- o que serán presentadas en el corto plazo, como la reglamentación del artículo 280 del Código Procesal o la creación de un Tribunal Federal de Garantías.
La ministra de Justicia, Marcela Losardo, pidió hoy al Parlamento que debata la reforma del fuero federal y el pliego enviado por el Poder Ejecutivo para que Daniel Rafecas se convierta en el nuevo procurador general de la Nación, en línea con el reclamo planteado el lunes último por el Presidente ante la Asamblea Legislativa.
«Hemos presentado proyectos que se debatieron en el Senado y estamos esperando que los trate Diputados para el mejoramiento de la Justicia«, señaló Losardo al hablar por FM Futurock, en referencia a las iniciativas de reforma del fuero federal y de modificación de la forma de elección del Procurador.
La ministra de Justicia, Marcela Losardo, pidió hoy al Parlamento que debata la reforma del fuero federal y el pliego enviado por el Poder Ejecutivo para que Daniel Rafecas se convierta en el nuevo procurador general de la Nación.
Losardo se refirió de esta forma al discurso del Presidente, quien ante la Asamblea Legislativa afirmó que «el sistema judicial de la Nación está en crisis» y ratificó la necesidad de la reforma, al tiempo que propuso un Tribunal Federal de Garantías o la implementación del juicio por jurados para la sanción de delitos graves en el ámbito federal, entre otras iniciativas.
En relación al funcionamiento de la Corte Suprema, Losardo indicó que es necesario «establecer la exacta competencia que le otorga la Constitución«, y en este sentido pidió analizar el alcance del «recurso extraordinario federal».
«Los supuestos de los recursos se fueron ampliando y hoy se admiten casos de arbitrariedad que llevan a la discrecionalidad. La ampliación de casos que debe resolver la Corte es materialmente imposible y así es como una causa puede estar años en la Corte«, evaluó.
Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, juzgó que el Poder Judicial «tiene que escuchar» los reclamos de la sociedad, «transformarse» y, en coincidencia con el discurso del Presidente, apuntó contra el fiscal federal Carlos Stornelli, quien -dijo- «está investigado por integrar una banda».
El Presidente ante la Asamblea Legislativa afirmó que «el sistema judicial de la Nación está en crisis» y ratificó la necesidad de la reforma.
Al igual que Losardo, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, pidió a la oposición que «se siente a debatir» los proyectos impulsados por el Ejecutivo para la optimización del sistema de Justicia.
En declaraciones a Radio Nacional, Mena juzgó que la oposición no debate «porque esta situación de una Justicia ineficiente y que no convence a nadie le viene muy bien» porque, dijo, «satisface sus intereses y permite impunidad para exfuncionarios del gobierno anterior».
Por su parte, los fiscales manifestaron su rechazo al paquete de reformas a través del titular de la Asociación de Fiscales nacionales, Carlos Rívolo, quien definió el proyecto de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal como un «pelotón de fusilamiento para los fiscales».
Los jueces, por su parte, no habían logrado consensuar una postura: desde la mañana la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional prometía la difusión de un comunicado que seguía sin emitirse.
Los fiscales manifestaron su rechazo al paquete de reformas a través del titular de la Asociación de Fiscales nacionales, Carlos Rívolo, quien definió el proyecto de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal como un «pelotón de fusilamiento para los fiscales».
Sin embargo, Télam pudo recoger al menos tres tipos de reacciones frente al discurso presidencial: los que hicieron trascender cierto enojo a través de distintos medios, los que no se dieron por aludidos y los que llamaron a sus respectivos interlocutores en el Gobierno para quejarse.
«Al que le quepa el sayo que se lo ponga. No creo que el Presidente hubiera hablado de todos nosotros», le dijo a esta agencia un funcionario judicial con despacho en los tribunales federales de Comodoro Py, donde varios jueces y fiscales se sintieron aludidos por el discurso.
Un comentario extendido entre magistrados fue que ningún integrante del Poder Judicial se manifestó en defensa ni de Stornelli, ni del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, ni de la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco, los tres aludidos por referencias del discurso presidencial.
Dentro del Gobierno, en tanto, comenzaron a moverse los resortes para llevar a la práctica los anuncios: el mismo lunes, tras el discurso, el Presidente dialogó con Losardo y con otros colaboradores, aunque la letra chica quedará en manos de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
