El Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo declaró la incompetencia de la justicia porteña y envió el expediente a la Corte Suprema, medida que deja sin efecto la cautelar planteada por padres y madres de alumnos contra el DNU de suspensión de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, se informó hoy. Ahora se debe esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Mientras tanto se deja sin efecto el fallo de la justicia porteña que habilitó la presencialidad y luego de dos días la Ciudad vuelve a clases virtuales.
Por otro lado, la seccional porteña del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) ratificó hoy la continuidad de la retención de tareas presenciales y el dictado de clases virtuales hasta el 30 de abril próximo, cuando expire el decreto presidencial, y ratificó de plano su rechazo a la insistencia del Gobierno porteño para que los trabajadores regresen a las aulas.
«El Sadop cumplirá hasta el 30 de abril próximo el contenido del decreto presidencial 421/21, que determinó durante dos semanas el regreso a la virtualidad para dictar clases en la ciudad», explicó esta tarde a Télam el secretario de Prensa, Javier Mauad.
La decisión del gremio, que el lunes último había paralizado las tareas junto con la UTE, la Ademys y otros sindicatos, se fundamentó en «la necesidad de cumplir las leyes» ante el incremento de contagios por la Covid-19 y el polémico fallo de la justicia metropolitana.
La conducción sindical aplicará hasta el 30 «una retención de tareas presenciales», porque un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) es «una ley nacional y, como toda ley, es preciso cumplirla, y nadie puede obligar a los trabajadores a no hacerlo».
El gremio reclamó a las autoridades metropolitanas «responsabilidad» y sostuvo que a la insistencia oficial para regresar a la presencialidad «se suma el deficiente plan de vacunación, que está muy lejos de lo resuelto por el Consejo Federal de Educación (CFE)».
