Human Rights Watch publicó una carta en la que cuestionó a los presidentes Lula Da Silva (Brasil), Andrés López Obrador (México) y Gustavo Petro (Colombia) por sus iniciativas para abordar la crisis en Venezuela.
Primero hizo hincapié en que «las actas que la oposición ha hecho públicas indicarían que Edmundo González ganó las elecciones por un margen significativo» y remarcó que «la actual oleada de detenciones arbitrarias en Venezuela parece no tener precedentes en la historia reciente del país; ha superado en promedio las tasas de arrestos de durante las prolongadas protestas antigubernamentales de 2014 y 2017″.
Tras especificar ese contexto, expresó «Nos preocupan tres propuestas concretas que sus gobiernos han realizado en las últimas semanas: (1) repetir las elecciones; (2) confiar en el Tribunal Supremo de Venezuela para resolver el resultado de las elecciones; y (3) conceder una ‘amnistía general'».
Respecto a realizar los comicios de nuevo, dejó en claro que «repetir las elecciones porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla a este principio democrático básico».
Y agregó que «tal propuesta, que sería inaceptable en cualquier país, sería especialmente problemática en Venezuela dadas las importantes barreras que los votantes y candidatos se vieron obligados a superar para participar en las elecciones del 28 de julio, incluyendo violaciones generalizadas de derechos humanos».
Sobre el rol del Tribunal Supremo de Justicia, recalcó «en lugar de proteger el derecho de los venezolanos a participar en elecciones libres y justas, el Tribunal ha desempeñado un papel destacado en el debilitamiento del proceso electoral de 2024».
Y recordó que «en enero de 2024, el Tribunal confirmó la decisión de impedir que Machado, así como Henrique Capriles, se presentaran a las elecciones».
También sumó que «el Tribunal también ha nombrado en repetidas ocasiones a partidarios del gobierno para ocupar cargos de dirección en partidos de oposición como Acción Democrática, Primero Justicia y, más recientemente, el Partido Comunista de Venezuela, lo cual socava la autonomía de estos partidos políticos».
Por último, acerca de una «amnistía general», puso el foco en que «en virtud del derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales».
Y subrayó: «La Misión ha identificado motivos razonables para creer que miembros del gobierno de Maduro han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos arbitrarios y torturas».
Por lo tanto, consideró que «la propuesta del presidente Petro, formulada en términos generales y amplios, violaría el derecho internacional y afectaría a los derechos de las víctimas de atrocidades».
