La Cancillería argentina anunció este viernes que retomó la denuncia contra Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, para que se investigue al régimen venezolano por violación a los derechos humanos.
«En el día de la fecha, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la remisión efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, de la que se había retirado en 2021», precisó la cartera a cargo de Diana Mondino en un comunicado.
«Esta decisión es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela», recordó.
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Y adelantó que «la República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país».
La presentación se había realizado en el 2018 en el gobierno de Mauricio Macri junto a los países de Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.
Se trató de la primera vez que un conjunto de naciones llevaba a cabo una demanda contra un tercero ante la Corte Penal Internacional, encargada de juzgar a quienes están acusados de haber cometido crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.
Pero en marzo del 2022, la gestión de Alberto Fernández retiró su respaldo a la denuncia y a la vez, decidió dejar de integrar el Grupo de Lima, un foro regional alineado con Estados Unidos.
En sus argumentos, la administración de Fernández sostuvo, mediante un comunicado, que «la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima» había llevado a «posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar».
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También criticó las acciones del foro, encabezado en las formas por Brasil y Colombia, no habían «conducido a nada» y agregó que la solución a la crisis en Venezuela consistía en un «diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular» y que permita la puesta en marcha de las «elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional».
¿QUÉ DICE LA DENUNCIA?
Expertos internacionales independientes de la OEA elaboraron un informe de 489 fojas con 26 testimonios más 40 estudios de organizaciones no gubernamentales de Venezuela y de otros países. Se trató de un trabajo de nueve meses.
Indicaron que detectaron «patrones sistemáticos y generalizados de persecución política, acoso de estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas»
LAS CONCLUSIONES:
-131 víctimas de asesinatos que ocurrieron durante las protestas de 2014 y 2017 efectuados perpetrados por integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos chavistas.
-8.292 ejecuciones extrajudiciales ocurridas desde 2015.
-Más de 12 mil venezolanos fueron arbitrariamente detenidos, encarcelados o sufrieron privaciones de libertad física desde las elecciones de 2013, cuando Nicolás Maduro se convirtió en presidente tras la muerte de Hugo Chávez.
