La Justicia Federal llevó a cabo hoy en los Tribunales de Cómodoro Py una audiencia por la causa sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Se presentaron víctimas venezolanas, miembros del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y la Fiscalía.
Pidieron que se ordene el arresto del líder del régimen, Nicolás Maduro y también el de altos funcionarios, como parte de la causa abierta por crímenes de lesa humanidad en el territorio venezolano.
El abogado Tomás Farini Duggan, que representa a FADD como querellante, solicitó a los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens «que se ordene la detención de todos los imputados, de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de todos los demás responsables de las principales fuerzas de seguridad en Venezuela«.
Duggan aseveró que la Justicia argentina está «ante un momento histórico» debido a que sobre la base del principio de jurisdicción universal de los derechos humanos tiene la posibilidad de exigir la captura de «los máximos responsables de la peor dictadura cívico-militar en la historia de Latinoamérica, que ha transformado a Venezuela en sinónimo de diáspora, tortura y muerte».
En consecuencia, afirmó que esta audiencia representa «un día de alegría para las democracias y un día de preocupación para las dictaduras».
La Justicia Federal de Argentina frente a los crímenes de lesa humanidad en Venezuela: pic.twitter.com/uUREN1DulF
— FADD (@FADDemocracia) September 17, 2024
En la audiencia, brindaron su testimonio cinco víctimas venezolanas, quienes contaron la persecución, las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas a las que fueron sometidas en su país, como parte de las prácticas de terrorismo de Estado que aplica el régimen de Maduro.
«Maduro comete crímenes de lesa humanidad. Por eso pedimos que inmediatamente se le ponga una orden de captura, para que cese la persecución en Venezuela», manifestó Víctor Navarro, exprisionero político sobreviviente de El Helicoide, el mayor centro de torturas en Caracas y de América Latina.
Luego Mariangel Navas sostuvo que «en Venezuela se tortura, se secuestra y se mata por pensar distinto».
Crisis en Venezuela: en agosto se registraron 413 protestas y «una represión sin precedentes»
«Por eso estamos pidiendo en Argentina que a los responsables del régimen de Nicolás Maduro se les llame a indagatoria y haya justicia para las víctimas en Venezuela», recalcó.
A la solicitud de la querella se le agregó también la Fiscalía argentina, que hizo hincapié en que se debe defender el principio de la dignidad humana, la vida, la libertad y la integridad física.
Los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe subrayaron que el Poder Judicial venezolano está al servicio del régimen de Maduro y no actúa de forma independiente.
Así lo confirmó este martes en Ginebra la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU en su último informe.
Participaron de la audiencia la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el diputado Fernando Iglesias, titular de la Comisión de Exteriores de la Cámara de Diputados; la integrante del Consejo de la Magistratura Jimena de la Torre; y el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff.
Wolff, quien es además presidente del FADD, consideró «desgarradores» los testimonios de las víctimas venezolanas.
«Es un día triste, pero por otro lado de mucho coraje de quienes dieron los testimonios, esperando que se logre el pedido de captura internacional de los criminales Diosdado Cabello y Nicolás Maduro», expresó.
La denuncia contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad fue presentada en enero de 2023 ante la Justicia Federal Argentina por el FADD, sobre la base del principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.
La Justicia argentina ya puso en marcha este principio en otras ocasiones: en 2010 por los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen de Franco; en 2021 sobre el presunto genocidio contra la comunidad rohingya en Myanmar y en 2022 por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el dictador Daniel Ortega en Nicaragua.
