El gobierno de Javier Milei cerró el lunes el primer período para que fabricantes e importadores de autos eléctricos e híbridos solicitaran su participación en el programa de importación sin aranceles. La medida busca reducir el precio de los 0 km en Argentina, que según el propio presidente es el más alto de la región debido a la alta carga fiscal.
El programa permite la importación de 50.000 vehículos sin pagar el 35% de arancel exigido a los autos que provienen de fuera del Mercosur.
Para acceder al beneficio, los autos deben cumplir con ciertos requisitos, como contar con motorización sustentable y un precio FOB menor a USD 16.000. El cupo se dividió en dos partes iguales: 25.000 unidades para fabricantes locales agrupados en ADEFA y 25.000 para importadores de la CIDOA. Durante la primera licitación, la demanda de los importadores superó ampliamente la de los fabricantes, generando una diferencia significativa en la cantidad de vehículos solicitados.
Una de las novedades más destacadas fue la llegada de la automotriz china BYD, que ingresará al mercado argentino con una filial propia en lugar de un representante local. En tanto, General Motors postuló el Chevrolet Spark EUV, Renault los Kwid E-Tech y Arkana Mild-Hybrid, mientras que Ford importará la SUV Territory Hybrid. Stellantis, por su parte, traerá un modelo de la marca china Leapmotor, mientras que el grupo Belcastro confirmó la importación de los BAIC EU5 Plus y BJ30.
Dado que el cupo de 50.000 unidades no se completó, el gobierno planea abrir una segunda licitación en los próximos 30 a 45 días. Esto se debe a que el proceso de producción, embarque y nacionalización demora entre dos y tres meses, y la medida tiene un plazo de vigencia hasta diciembre.
Las empresas interesadas tendrán una nueva oportunidad para ingresar más modelos dentro de este régimen especial.
En los próximos días, el Ejecutivo definirá la asignación de cupos priorizando dos criterios clave: fecha de entrega y precio más bajo. También se dará preferencia a los vehículos con menor diferencia entre el precio FOB y el precio final al público, en un intento por maximizar el impacto del programa en la reducción de costos para los consumidores.
