Por Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera
Las elecciones brasileñas han tenido un cierre muy particular: no una coreografía democrática, sino golpista. El temor a una ‘trumpeada’ tropical llevó a los jefes de gobierno de las principales potencias a apartar por un momento la atención sobre la guerra en Ucrania, para apresurar el reconocimiento de Lula como presidente electo. Al momento de escribir esta nota, Bolsonaro no había reconocido la victoria de su adversario y anunciaba que lo haría por medio de un texto en preparación (N.deE.: por la tarde Bolsonaro tampoco admitió la derrota aunque aseguró que cumplirá la Constitución).
En lugar de una retirada se espera una proclama de advertencia contra la acción del nuevo mandatario. La confrontación política de Bolsonaro se podría extender hasta la fecha de transmisión del mando (dos largos meses), y luego de esa fecha también.
En el segundo turno, Bolsonaro volvió a achicar la diferencia de votos con Lula –de 5 puntos en la primera vuelta a 1,2 puntos-. Lula ganó retrocediendo; y Bolsonaro capturó más votos de terceros partidos que Lula, entre una ronda y la otra. En los balotajes para gobernador, Bolsonaro se quedó con el estado más importante de Brasil, Sao Paulo.
Todo esto demuestra que la alianza que Lula organizó con la derecha liberal fue contraproducente a la hora de ganar a una inmensa masa popular que acabó votando a Bolsonaro. Como las elecciones recientes fueron el remate de una campaña que se inició hace más de año y medio, esa alianza fue antagónica a toda movilización popular realmente ‘disruptiva’ con los muertos de la pandemia todavía calientes.
Para un fascista, estos resultados electorales son una convocatoria a la acción, en especial cuando se tienen en cuenta las brutales contradicciones de los ganadores, que fueron votados por una extensa mayoría obrera pero tiene en su dirección una perspectiva absolutamente capitalista. El propio proceso electoral fue una combinación de democracia formal, por un lado, y de golpismo, por el otro, pues el alto mando militar realizó un recuento paralelo secreto, al margen del Tribunal Electoral, e inspeccionó los lugares de votación durante la jornada. Los resultados que hayan sido recogidos por las Fuerzas Armadas no se darán a conocer, según ha sido advertido, hasta que se produzca el traspaso del gobierno, o probablemente nunca.
El diario O Globo da cuenta del “tono de frustración y temor entre militares de rango inferior por el destino de las Fuerzas Armadas bajo el nuevo gobierno”. “Algunos generales y coroneles”, continúa el diario, “aún temen una supuesta disrupción de las Fuerzas Armadas mediante la intervención en las escuelas de formación y en el ascenso de oficiales”. Se trata, obviamente, de lo contrario, de la ‘disrupción’ golpista de los militares contra el nuevo gobierno, que en los trece años de su gestión anterior, mantuvo la autoamnistía de los militares que dejó establecida la dictadura militar (1964-85) y ratificada por la Constituyente de 1988.
La protesta de los militares contra el nombramiento de civiles como ministros de Defensa o la autonomía del poder civil para determinar ascensos y promociones, como fue establecido bajo el gobierno de Dilma Rousseff, no califica a una democracia ‘disruptiva’, sino a una casta militar golpista. Según el mismo diario carioca, Lula enfrentó esta fronda, desde antes de las elecciones, enviando “señales de que va a actuar para calmar los ánimos entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas”.
El lunes siguiente a la elección, los camioneros ‘autoconvocados’ bloquearon rutas en todo el país con la complicidad de la policía caminera (rodoviaria). El día anterior, esa misma policía había bloqueado el transporte (gratuito) que trasladaban personas humildes a los lugares de votación. Por aquello de que “el que avisa no traiciona”, esta conjunción de camioneros y policías es una advertencia acerca de lo que pueda ocurrir en la transición al traspaso de mando, cuando se vayan conociendo los nombramientos del elenco ministerial y de las empresas públicas. La derrota de Bolsonaro no ha cerrado una crisis política, sino que la ha expuesto con mayor virulencia. El discurso que pondera a Brasil por resolver sus conflictos “en paz”, es un llamado a la desmovilización popular.
Como ocurre en tantos otros países, el capital financiero considera prematuro el pasaje al fascismo, y ha logrado integrarlo al régimen democrático allí donde haya llegado al gobierno. Esto no debería ser un factor de sosiego, porque el fascismo queda a mano, aun con estos límites, como herramienta de guerra civil contra el trabajo. Para la clase obrera importan tanto las afinidades entre liberalismo y fascismo como sus diferencias; de un lado, la condición que comparten como expresión de un capitalismo en decadencia; del otro, sus especificidades históricas y de principio. Brasil se ha convertido en un laboratorio de estas contradicciones. La prevalencia de una u otra variante política será determinada por el desarrollo de la crisis social mundial y por el desarrollo y contradicciones de las guerras imperialistas.
Bolsonaro ha ofrendado a la burguesía grandes victorias contra la clase obrera brasileña: ha impuesto la reforma laboral, incluido el contrato de trabajo individual, sin garantía de tiempo, o sea por 24 horas. Además, la reforma previsional ha servido para darle contenido a un gobierno de guerra contra el trabajo. La defensa de estas ‘reformas’ cuenta con una mayoría enorme en el Congreso. El programa de la coalición triunfante no incluye la derogación de estas “reformas”; tampoco la Central Única de Trabajadores contempla una lucha por su derogación.
Lula prometió que los salarios superarán a la inflación, que no significa nada sin aludir al poder adquisitivo perdido. Propone ‘brasileñizar’ los precios de consumo personal y de insumo industrial, toda una emulación del cristinismo. Como sabemos por experiencia, se trata de un subsidio a la burguesía industrial, que no implica una mejora para los trabajadores en un marco de inflación. El programa no erradica las condiciones de superexplotación impuestas por el bolsonarismo.
Brasil, que luego de la Francia gaullista estableció el modelo de los ‘decretos de necesidad y urgencia’, ha fundado otro modelo, el del presupuesto reservado del Congreso, una considerable parcela del Presupuesto nacional, de monto y asignación secretos, que lo convierte en gobierno paralelo. La coalición victoriosa no ha dicho cómo desmantelará este engendro, que bloquea cualquier política social. Hará la vista gorda a este atropello anti-democrático y anti-constitucional, y no demorará mucho en disputar estos expolios a través de sus propias bancadas. El Congreso brasileño ha asumido características corporativas, típico de las construcciones fascistas. La coalición bolsonarista de “buey-bala-biblia”, con mayoría parlamentaria, queda convertida en una corporación parlamentaria.
Brasil ha ingresado en un equilibrio político mucho más precario e inestable que el de antes de las elecciones.
Publicado en cooperación con PolíticaObrera.com
