Por Jorge Altamira (*)
En un país que es epicentro de fenómenos sísmicos, la calificación de la derrota del proyecto de Constitución que elaboró una Convención convocada para ello como un “terremoto” debiera ser tomada al pie de la letra. Fue el castigo a un fraude político sin atenuantes y a un grupo de arribistas de izquierda que pactaron con el pinochetismo y sus secuaces de la ex Concertación (socialistas y democristianos) la contención y la neutralización de la rebelión popular que irrumpió el octubre de 2019.
Detrás de la verborragia pseudo izquierdista acerca de los derechos ecológicos, de género y la plurinacionalidad no había siquiera el esbozo de un salida al saqueo previsional, a la carga de la salud y la educación privada, ni al reclamo del pueblo mapuche para poner fin al latifundio y la superexplotación forestal en la Araucanía. El principio vertebral de la nonata Constitución, el derecho a la propiedad privada, es por completo incompatible con la salida a la cuestión mapuche, que es el derecho a la tierra.
El artífice principal de este macaneo inescrupuloso fue el presidente Boric, que en una acción vergonzosa le retiró el apoyo a la Convención que lo tuvo como arquitecto principal, reclamando un voto favorable con la promesa de que la reformaría enseguida en el Congreso controlado por el pinochetismo. El Frente Amplio (Boric) y el partido comunista operaron como quinta columna contra los partidarios del “Apruebo”, con la única intención de salvar sus propios pellejos.
Esta izquierda de la derrota le ha servido a la derecha un intervalo de iniciativa política, que ésta maneja por otra parte con extrema prudencia. No puede evitar un reconocimiento a los servicios prestados por la estudiantina oficial de los Boric y las Vallejo. Es así que caracteriza el número monumental de votos del Rechazo como “transversal”, no propio, un reconocimiento de la participación de sectores populares repugnados con el Gobierno. Boric, después de todo, recoge en la encuestas una imagen negativa del ¡80 por ciento!
De otro lado, la derecha se ha declarado a favor de la propuesta de la izquierda oficial de reformar la Constitución pinochetista, que esta vez no la haría una Convención electa sino el Congreso, aunque deberá pasar también por el tamiz del plebiscito. En 24 horas, este izquierdismo le ha dado la iniciativa al pinochetismo que controla ambas cámaras, y entrega como chivos expiatorios a dos miembros de su gabinete, que hasta hace poco fungían de estrellas del firmamento de la izquierda arribista. El Partido Socialista exige la renuncia de Giorgio Jackson, de la Secretaría de la Presidencia de Chile, con el cargo penal de “ideólogo” de la Convención. Se da por descontada también la salida de Izkia Siches, ministra del Interior.
Otro sector de la izquierda, la que merodea en torno a la izquierda oficial, ha atribuido la magnitud del Rechazo al incremento del número de electores (de menos del 60% al 85% del padrón), como consecuencia de la obligatoriedad del voto. Interpreta, con el diario del lunes, que esto llevó a las urnas a los sectores más atrasados de la población. Es probable, sin embargo, que haya ocurrido lo contrario, que la exageración se encuentre en el 38% recibido por el “Apruebo”, al que respaldaron muchos sectores combativos adversos al adefesio constitucional, para evitar lo que entendían podría ser ‘funcional’ a un triunfo de la derecha.
Una amplia mayoría rechazó la nueva Constitución en Chile (Foto: REUTERS/Rodrigo Garrido)
Pocos, si es que alguno, han observado una de las mayores perfidias de la abortada “Constitución de derechos”. Nos referimos a que, siguiendo los procedimientos habituales del constitucionalismo burgués, entrega la reglamentación de una Constitución a los poderes establecidos del Estado; en el caso de Chile, al pinochetismo y sus aliados de la Concertación. De modo que los derechos que la Constitución otorga en abstracto necesitan la reglamentación del Congreso para entrar en vigencia, y la acordada eventual del Poder Judicial. Boric no utilizó el plebiscito que ordenó una nueva Constitución, en 2021, con el respaldo del 78% de los votos, para poner fin al gobierno de Piñera y a las instituciones pinochetistas, sino que la usó de plataforma mediática para disputar las elecciones presidenciales, en los términos y en el cuadro político prevaleciente a la Convención.
El operativo de convocar a una Constituyente, aunque condicionada, provocó en su momento un debate “harto” ilustrativo. Los columnistas del Wall Street Journal y el colombiano Álvaro Uribe enfrentaron en duros términos a los pinochetistas de Chile, a quienes acusaron de entregar el país al comunismo. Nada menos. Los confirmaba en el pronóstico la autorización a retiros sucesivos de fondos de las cuentas individuales de las AFP, que denunciaban como el vaciamiento del pilar de la Bolsa de Santiago. El reciente lunes 5, la misma Bolsa le dio la razón a Piñera-Boric, con un alza del 6%, ante la mirada perdida de un uribismo en extinción.
La trampa pseudoconstitucional funcionó mejor que “los falsos positivos” de los paramilitares colombianos. En Chile, por su lado, los detenidos y condenados en la represión a la rebelión popular siguen en la cárcel, ahora bajo el gobierno de los arribistas de izquierda, y la Araucanía se encuentra en estado de sitio, como homenaje a la Constitución de los derechos. Boric se ha pronunciado en apoyo a la guerra imperialista de la OTAN bajo las barbas derechohumanistas de la Convención, bajo su responsabilidad ejecutiva, sin someter a la decisión popular el involucramiento de Chile en la guerra. Se mandó a guardar, en cambio, cuando la presidenta de Diputados de EEUU reconoció la independencia de Taiwán, para no alterar a Washington, incluso si esto puede perjudicar la exportación de cobre de las mineras que operan en Chile.
El arribismo izquierdista se presenta en toda América Latina (y más allá) como el dique contra la derecha. Esto no es más que una extorsión política, de parte del arribismo populista o izquierdista, porque son gobiernos en defensa de los mismos intereses de clase.
Esto vale incluso para casos excepcionales, como serían el primer chavismo o el gobierno militar de Perú y de Bolivia, en 1968/71. No es el caso de Chile, donde el arribismo de izquierda y el partido comunista operaron siempre y cada momento como muralla contra las masas. Se inscribieron en una variante de derecha de la Unidad Popular de 1970/73.
Es así que el repudio y el rechazo al proyecto de Constitución fraudulenta no fue levantado por ningún sector de la izquierda; sólo lo hizo el sector combativo del movimiento mapuche. Este es el cuadro político que inspira el seguidismo de la izquierda ‘trotskitsta’, en el caso de Argentina al kirchnerismo y en Chile al frente popular del “Apruebo”. La sola mención de que los mentirosos de siempre le imputen funcionalidad con la derecha, alcanza y sobra para convertirlos en seguidistas del pseudoprogresismo. Alguna vez hay que levantar la cabeza propia para poder aglutinar a las masas en una perspectiva revolucionaria. Es lo que hizo, no en ocasiones, sino metódicamente en toda su historia. En especial cuando denunció el carácter contrarrevolucionario del retorno de Perón en 1972/73.
Desde estas páginas nos hemos pronunciado a favor del Rechazo desde el mismo momento en que se anunció el plebiscito. Ahora denunciamos la unión nacional que se apresta a suscribir el arribismo de izquierda en el gobierno con la Concertación y la derecha, para imponer un pacto constitucional al margen de los trabajadores. En la medida en que la cuestión constitucional siga abierta, planteamos la convocatoria de una Constituyente Libre y Soberana que debe ser convocada, a la luz de la experiencia reciente, por un gobierno de trabajadores.
El FIT-U repartió sus preferencias entre el voto al “Apruebo”, en blanco y nulo. Una manifestación innegable de marginalidad política, para usar un lenguaje suavizado. Conocidos los resultados, el PTS se apresura a sacar su conclusión preferida: “un desplazamiento a derecha de la situación y la agenda política”. Es la ‘zona de confort’ de esta variante del morenismo. Ni percibe que se refiere a la agenda oficial, no de las masas, a la agenda de los medios y el medio pelo del funcionariado político. Para el PO oficial “el aplastante triunfo del rechazo es responsabilidad del Gobierno de Gabriel Boric”, sin tomarse el trabajo de señalar en qué consiste esa responsabilidad. En el punto principal nadie abre el pico.
Cayó una Constitución fradulenta, un operativo anti-popular de colaboracionismo de clase y de integración de las masas al estado, y quedó al desnudo un gobierno de arribistas del capital y de la OTAN.
El intento de clausurar la agenda popular de la Rebelión de Octubre de 2019 ha fracasado. Es necesario trabajar políticamente esta conclusión. Quienes votaron con entusiasmo la convocatoria de la Convención (el 78%) han castigado a los malversadores.
(*) Artículo publicado en cooperación con PolíticaObrera.com
