Por Marco Antonio Sepúlveda Gallardo (*)
La evaluación del 4 de septiembre de 2021, día en que el 64% de chilenos/as rechazó su propia nueva constitución, elaborada por 155 integrantes de la Convención Constitucional electa, con 9 representantes de los pueblos originarios, resulta compleja. Parece incomprensible que sucediera cuando fue la propia ciudadanía quien pujó porque se diera este proceso para dejar atrás la constitución de la dictadura.
De los 155 constituyentes, dos tercios eran progresistas y destacaban de manera explícita su postura por los derechos sociales y humanos, ambientales, productivos, sustentables los que, por todo lo que se había dicho en las calles, no existían. De esta manera, los excluidos de siempre quedarían incluidos. La nueva constitución era la oportunidad de contar con una mejor calidad de vida en la medida que los derechos sociales se hicieran realidad, y también lo era para ocupar espacios de poder de forma democrática al asegurar el derecho a participar y estar representados donde se estaba excluido. Era el sueño de largas décadas enterrando la constitución de Pinochet.
El resultado de septiembre se vivió como una tremenda derrota que no se esperaba, aun sabiendo que la votación sería ajustada. La explicación, como dijo Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional, es que “las razones del rechazo son heterogéneas”. Pero hay algo que todos los involucrados en el proceso deben considerar: este fue saboteado desde el primer día en que se constituyó la Convención.
La elite político-económica llegaba a ella en franca minoría y no estaba acostumbrada ni dispuesta a ser excluida. Como elite, sabe con lo que cuenta y la fuerza que tienen sus haberes: los medios de comunicación, las finanzas y los factores de producción del país. Era una inclaudicable labor la que se les venía por delante, sus privilegios de décadas, su patrimonio y poder estaban en peligro, había que encargarse de desacreditar, mentir y confundir respecto de los temas estructurales que se buscaba cambiar.
Por primera vez en la historia de Chile se daba que una constitución sería redactada por el pueblo; ese pueblo siempre excluido de los espacios del poder y gobernado por los incluidos de la elite político-económica que, en estos últimos 40 años y a partir de la década de los 80, implementó el modelo neoliberal. Lamentablemente, parte de la izquierda, hoy denominada centro izquierda, generó a partir de los años ’90 alianzas que profundizaron el modelo neoliberal bajo el discurso de la paz social y la disminución de la pobreza. Estos acuerdos fueron efectivos por un tiempo, pero en la medida que esas razones no fueron suficientes para explicar y justificar la desigualdad cada vez mayor generando ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, el descontento social pasó por arriba del modelo bajo la consigna “no fueron 30 pesos, fueron 30 años”.
Sin embargo, existió otra consigna “nos quitaron todo, hasta el miedo”, que no era tan cierta porque parte de la esencia del ser humano es sentir miedo y, después del rechazo a la propuesta de constitución, es claro que el miedo mueve multitudes, en especial cuando no lee y no se informa.
Fue así como los incluidos de siempre vuelven a tomar el mando de las iniciativas para una nueva constitución y, el discurso del miedo en los medios de comunicación controlados por la elite mostró un poder que los partidarios de la constitución (el apruebo) no supo ni pudo contrarrestar. Así, en términos sociales se volvió a la normalidad, los excluidos y los incluidos de siempre a su peldaño en la pirámide social y el nuevo proceso para elaborar una nueva constitución volvió a manos de la elite, a través de un acuerdo entre partidos políticos donde, como se dijo oficialmente, “se estipularon los bordes” sobre qué se puede cambiar y qué no, juntamente con quién y cómo se puede hacer.
Foto: REUTERS / Rodrigo Garrido
Para ser efectivos, la elite creó un mecanismo que controla férreamente el segundo intento de nueva constitución: una Comisión de 24 “expertos”, electos por el Congreso que redacta en 3 meses una propuesta de constitución, la que entregará al Consejo Constitucional de 50 personas que serán electas por la ciudadanía el próximo 7 de mayo. A ellos se suma un Comité Técnico de Admisibilidad, integrado por 14 personas electas por el Congreso al igual que los expertos, el que definirá si hay algo en la propuesta de constitución que “se salga de los bordes”.
De esta manera, esta nueva constitución está maniatada y controlada, pues no hay que olvidar que dos de los tres espacios decisores son nombrados por un Congreso donde la derecha tiene mayoría, dejando rodeado al Consejo Constitucional para que no haga nada fuera de lugar, asegurando así que la nueva constitución no cambie el lugar de los excluidos e incluidos de siempre, validando después la propuesta a través del voto.
Se buscaba una constitución ciudadana a través de una asamblea constituyente, y lo más cerca que se estuvo del ideal fue una convención constituyente. No es de extrañar entonces la desafección y desentendimiento de hoy de la ciudadanía con este segundo proceso de nueva constitución, el que se asemeja más a una constitución elaborada en dictadura que en democracia, pues no solo es un proceso controlado por la elite sino que es desconocido por el pueblo con expertos que comenzaron su trabajo en marzo y hasta ahora no dieron información.
Este segundo intento demuestra que, de haber sido cierto esto de que “nos quitaron hasta el miedo”, hoy la historia sería otra, quizás la Constitución que se soñaba sería una realidad y los cambios que implicaban una participación, fortaleza social y política de la ciudadanía y el país estaría en medio de un proceso de cambio de gran impacto, pero hoy el derrotero es otro, la elite inyectó miedo al cambio.
La revuelta de octubre fue el inicio para soñar con cambios que permitieran pensar en un estado de derecho social que hoy no existe. ¿Qué demandaban del Estado los manifestantes en la calle? Pedían derechos sociales en dignidad tales como pensión, salud, educación, sueldos, vivienda y, por parte de los movimientos feministas, paridad de género en el Estado como en los procesos eleccionarios, a la vez se quería la incorporación de los pueblos originarios a los espacios de poder, esto último se manifestaba en las banderas mapuches en las calles. No se trataba solo de derechos para sustentar los aspectos básicos de la vida. Se trataba de dignidad, de dejar de sentirse abusado por las instituciones públicas y privadas.
Las manifestaciones duraron dos años y, en medio del primer año, llegó la pandemia del Covid que impidió su continuidad. Los comentarios de la gente eran que el Covid salvó al gobierno de Piñera. A mi parecer, el Covid no salvó a Piñera, sino que dejó al desnudo el modelo neoliberal, incapaz de resguardar a su población de la cesantía y el hambre que significó el cese de las actividades laborales de quienes viven de un sueldo para sustentar el mes. Este Estado, bajo la constitución subsidiaria del 80, que significa que todo lo que no pueda solucionar el mercado lo debe solucionar el Estado, no supo responder a las necesidades básicas de la gente y entonces el pueblo de Chile sufrió el darse cuenta que el modelo no les sirve.
Pero la revuelta que abrió el proceso de cambio contó con un elemento de expresión social trascendental, la Primera Línea, mayoritariamente jóvenes que exponían su vida para contener a la policía de fuerzas especiales y resguardar a la ciudadanía que se manifestaba pacíficamente. La Primera Línea fue perseguida, muchos de sus integrantes encarcelados, pero a pesar de ello tuvieron presencia en las calles durante más de un año, su objetivo era simple pero claro: resguardar la manifestación de la violencia de la policía ejercida a través del disparo de balines, lacrimógenas, agua con químicos mediante el llamado guanaco. La Primera Línea existió de norte a sur, de Arica a Punta Arenas, a través de todo Chile, y sin la existencia de estos/as jóvenes hubiera sido imposible mantener las manifestaciones.
Hoy, muchos de estos chilenos no descartan salir a las calles nuevamente si el pueblo lo requiere. No todo está perdido. Este proceso largo y complejo, a veces incomprensible, ha tenido logros como la paridad de género, la definición que la constitución del dictador debe ser cambiada, pero que además debe ser una constitución enfocada en los derechos sociales. Hay logros que ya son permanentes. El camino para ser un país justo para todos y todas es más largo y difícil de lo que una vez pareció.
(*) Economista y fotógrafo chileno, autor del libro “Primera Línea Chile”
