Por Francisco Quintana (*)
El conflicto por la coparticipación que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires – y que el Gobierno nacional decidió quitar de forma intempestiva – expone una vez más la dinámica de poder a la que nos tiene acostumbrados el kirchnerismo, una fuerza política que pretende condicionar a la Justicia bajo constantes amenazas.
El kirchnerismo siempre ha expuesto su aversión hacia la Ciudad de Buenos Aires y sus habitantes – en el ámbito judicial, por ejemplo, el Gobierno nacional no ha demostrado ninguna voluntad en más de tres años de gestión de terminar de completar la transferencia de las competencias que corresponden, que tiene que ver básicamente con dar cumplimiento a una manda constitucional.
El caso específico de la coparticipación tiene la particularidad de que no solo expone al Gobierno nacional por lo inconstitucional de su proceder contra la Ciudad de Buenos Aires – el traspaso de una competencia debe ir acompañado siempre de los fondos correspondientes y, por otro lado, la quita fue una decisión unilateral -, sino que además suma un nuevo eslabón a la cadena de acciones irracionales contra el Poder Judicial a través del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Es que la legitimidad del Poder Judicial no puede depender de lo satisfactorios – o no – que resulten sus fallos para otro poder del Estado. El Poder Ejecutivo no puede intervenir en el funcionamiento del Poder Judicial cuando un fallo no es favorable a sus intereses.
La obsesión que el Gobierno nacional tiene en relación al Poder Judicial hace que este tipo de situaciones hayan sido – lamentablemente – moneda corriente en los más de tres años de gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Proyectos como la ampliación de la propia Corte, los pretendidos cambios en el Ministerio Público Fiscal, la reforma judicial y del Consejo de la Magistratura de la Nación son algunos ejemplos.
El kirchnerismo no solo busca quitarles legitimidad a los fallos que no comulgan con sus propias causas, sino que además pretende instalar al Poder Judicial como contrario a los intereses del común de la sociedad. Los jueces, quienes fueron designados para impartir justicia, son sentados violentamente en el banquillo de los acusados, pasando por alto los mecanismos concebidos para tal fin.
No parece inoportuno recordar que el vivir en sociedad tiene que ver con que todos, sin excepción – pero muy especialmente aquellos a quienes les han sido confiados los destinos de nuestro país -, respetemos la Constitución Nacional.
(*) Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
