Por Alexis Chaves (*)
En el Viejo Continente se debate la creación de organismos especializados en la prevención y la represión del delito que corrompe a las instituciones.
Utopía o no, debemos definirla como una acción que conlleva distintos actores: el que corrompe y el que se deja corromper. Allí se producen efectos tales como el deterioro de los valores, los usos y las costumbres de aquello que es correcto y se ve afectado por la deshonestidad, la depravación y el vicio en las acciones humanas de estos actos y delitos.
Hace unos meses, la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo se vienen reuniendo en pos de definir – certeramente- el papel que tienen que asumir, y qué leyes y penas se deben modificar (actualizar).
Pensemos también que el término «corrupción», habitualmente denuncia el incorrecto uso, por parte de un funcionario, de su autoridad y de los derechos que se le confían; lo que es delito surge porque, como autoridad relacionada con esto, el individuo se ve rodeado de lo que considera oportunidades, conexiones y relacionamientos para beneficio personal.
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La reflexión que se plantea para los parlamentarios es que sigue siendo un problema que amenaza la estabilidad y la seguridad de las sociedades, en particular por permitir el surgimiento de la delincuencia organizada y otras formas graves de asociaciones ilícitas.
Algunas consideraciones puntuales se dirigen hacia la modificación del propio Derecho Penal, permitiendo una mayor cooperación transfronteriza.
Existe un Convenio elaborado del Tratado de la Unión Europea relativo a la temática que venimos desarrollando y se dirige hacia los funcionarios que estén implicados y sean de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea.
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Al hacer derecho comparado, se descubre que varía notablemente de un Estado miembro a otro, lo que dificulta una respuesta vinculada y enérgica para toda la Unión Europea, y este es el desafío: modificar y ampliar las disposiciones de dichos instrumentos, siendo necesario reforzar el marco jurídico para luchar contra la corrupción y dotar fundamentalmente, a las fuerzas de seguridad de las herramientas penales necesarias.
Los eurolegisladores ensayan concordar las enunciaciones de los delitos penales de corrupción, para que contengan no sólo el soborno, sino también el tráfico de influencias, la apropiación indebida, el enriquecimiento ilícito y la obstrucción de la justicia.
Otra idea fuerte que surge es la de crear organismos especializados en la prevención y represión de la corrupción, pero que cada país asuma el compromiso de instituirlos firmemente con la estructura correspondiente: debiendo ser independientes, autónomos y autárquicos.
Así y todo, evalúan instituir una lista de sanciones y medidas, que no sean obligatoriamente de carácter penal, y que podrían ser la exclusión temporal o permanente de la función pública. Por ejemplo, establecer la duración mínima de los plazos de prescripción entre ocho y quince años, en función de la gravedad de los delitos de corrupción.
Como conclusión, podemos repensarnos como sociedad para trabajar fielmente en intentar cambiar esta realidad que destruye e impide el desarrollo como sociedad, debilitando el estado de derecho y la mayoría de las veces derrochando recursos valiosos no solo económicos, sino también humanos (talentos que se desperdician).
Es claro que en aquellos países en donde la corrupción está anquilosada, la gente no suele beneficiarse, sino todo lo contrario, disminuyen las chances de ser vistos por las empresas para invertir, por esos costos ilícitos que debilitan las estructuras de tener seguridad jurídica.
La corrupción carcome la gobernanza, los derechos humanos, las instituciones públicas, y habla de nosotros como sociedad, nos pone un rótulo del que la mayoría es ajena, y hace de la Democracia una palabra pobre de espíritu. Llegó el momento de actuar en sintonía y combatirla fuertemente.
(*) Politólogo y analista parlamentario
