Por Guillermo Carmona (*)
Estamos ante hechos nuevos, como solemos decir los abogados. Hay un escenario que anticipa un cambio sustancial, que es el paso de la exploración a la efectiva explotación por parte del Reino Unido en Malvinas, es decir, pasar de las tareas de detección de los hidrocarburos a la extracción del recurso y su comercialización. Esto es un cambio fundamental. Esta consulta abierta por el Reino Unido busca habilitar esta nueva fase y, por lo tanto, constituye un hecho nuevo.
Como hecho nuevo que es, implica un nuevo acto unilateral británico que está vedado por el derecho internacional, en particular por la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que prohíbe la realización de actos unilaterales tanto del Reino Unido como de la Argentina en Malvinas. Como la ocupación la ejercen los británicos, son ellos los que están en condiciones materiales de realizar los actos unilaterales . Y esto claramente constituyen un acto unilateral.
Ante este escenario, el Gobierno argentino debe actuar con urgencia y de manera categórica frente a esta consulta pública que pretende habilitar ya la extracción de recursos hidrocarburíferos.
Hay tres aristas que merecen ser señaladas.
– La primera tiene que ver con la violación del derecho internacional por parte de Gran Bretaña.
– La segunda, con el perjuicio económico que esto significa para la Argentina, porque son recursos que la Argentina reivindica como propios.
– Y en tercer lugar, implica un potencial peligro ambiental por estas actividades, algo que ya denunciamos durante nuestro Gobierno: actividades de exploración sin ningún tipo de control ambiental que, ante una instancia de explotación, nos ponen en peligro de derrames que afectarían, no solamente a las islas, sino también al Mar Argentino e incluso el territorio continental argentino.
En este último sentido, ya hemos visto recientemente en Perú las calamidades que producen este tipo de actividades offshore cuando no se hacen con el adecuado control ambiental. Es una situación muy preocupante y muy grave.
Entonces, ¿qué debería hacer ahora el Estado argentino en concreto para dar respuesta a este acto unilateral y sumamente peligroso para la Argentina? Hay dos acciones que son imprescindibles, y la primera es protestar esta consulta. Debe ser protestada. La protesta es un instrumento del derecho internacional que permite resguardar los derechos de un Estado que sea afectado por las medidas de otro Estado.
Llama poderosamente la atención que hasta el momento no haya trascendido nada respecto a una posible respuesta nacional. Hasta el momento de la publicación de este texto la Cancillería argentina no se ha expresado, a pesar de que la consulta se habilitó el 24 de junio, lo que significa que esto está en marcha.
Las protestas se hacen por la vía diplomática, pero en casos como estos se deben hacer públicas, porque generan lo que se llama “strepitus fori”, un estrépito en la sociedad por el escándalo político, institucional y jurídico que representa.
Polémica con el Reino Unido: analizan explotar las Islas Malvinas para extraer petróleo
Lo segundo que debe hacer la Argentina es iniciar gestiones con Israel, de donde es la empresa Navitas Petroleum. Nosotros la sancionamos de acuerdo a la Leyes 26.659 y 26.914. Aplicamos sanciones administrativas, hicimos las correspondientes denuncias penales y realizamos gestiones con el Gobierno israelí a través de la Embajada argentina.
En ese momento Israel eludió dar una respuesta positiva. Sin embargo, en el escenario actual en el que Milei plantea que Israel es un aliado, debería actuar urgentemente pidiéndole que haga las gestiones para que una empresa de su nacionalidad no actúe en actividades ilegales en la Argentina y para que, eventualmente, adopte medidas contra la empresa. Vale señalarlo, tampoco hay indicios de que nada de esto se esté haciendo.
Pero es mucho lo que se puede y se debe hacer en cuanto a medidas diplomáticas y económicas. Y creo que deberían analizarse y tenerse previstas para reaccionar oportunamente.
Como he dicho en otras oportunidades, la diplomacia británica no descansa; aprovecha las omisiones de sus contrapartes, y es muy evidente que esta situación de silencio del Gobierno de Milei le viene muy bien. De hecho, este tema no estuvo en la agenda de la canciller, Diana Mondino, cuando estuvo recientemente en las Naciones Unidas.
Malvinas estuvo presente en el discurso de la Argentina, pero no este tema puntual. Tampoco se hizo referencia al puerto que está en proceso de construcción; ni a la ampliación de la zona de pesca en Georgias del Sur ; ni a los avances de la actividad hidrocarburífera; ni a la militarización en Malvinas. Esto realmente le favorece al Gobierno británico, porque no se está apelando a la comunidad internacional para que se condenen estos actos que están en abierta colisión con el derecho internacional.
(*) Exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur durante el Gobierno de Alberto Fernández; y ex diputado nacional por Mendoza (FdT)
