Por Miguel Saredi (*)
Los gobiernos locales fueron unos de los tantos enemigos que eligió el Presidente Milei. Sin embargo, de manera cotidiana y sin hacer alarde, usan su creatividad y los recursos disponibles para diseñar alternativas en medio de una crisis social sin precedentes.
Parece importar poco, pero en el conurbano bonaerense, los datos revelan que la pobreza afecta al 76,6% de chicos y adolescentes. La pobreza ha alcanzado al 62% de la población, frente al 55% del 2020 en plena pandemia.
La indigencia también ha crecido al 25,3% de la población del conurbano. Esto implica, que más de 1 de cada 4 bonaerenses no alcanza a cubrir los costos de la alimentación. El índice es aún más elevado entre los menores de 17 años, alcanzando el 36,6%.
Hay una realidad que es ley empírica sobre la pérdida del poder de compra: cuando los ingresos no alcanzan a los precios, el consumo se cae y las consecuencias afectan al mercado interno y al conjunto del aparato productivo real, nuestras pymes y nuestros productores rurales.
El gobierno peronista con Sergio Massa en 2023, para estimular la demanda, había implementado la quita del IVA en algunos productos y la reducción del Impuesto a las Ganancias. Estas políticas lograron impulsar las compras, especialmente en la segunda mitad del año. Sin embargo, en 2024, en el marco de un gobierno que prometió bajar impuestos, esas políticas se eliminaron. La consecuencia es inevitable, no hay plata en los bolsillos, cae el consumo, se desaceleran las ventas, se retrae la producción pyme y crece el desempleo, generando un espiral improductivo con una inercia cada vez más difícil de detener.
El consumo familiar de los productos de primera necesidad, cayeron de un 8% a un 10 % en septiembre. Un verdadero desastre, porque ya arrastra varias caídas sucesivas.
Cómo si fuera poco suben las tarifas de los servicios y la restricción de ingresos obliga a las familias a destinar la mayor parte de su salario a servicios esenciales, pago de tarifas, vivienda y transporte, dejando menos dinero disponible para la compra de bienes básicos.
Un paréntesis alarmante. En este contexto, tenemos que empezar también a prestar atención al último recurso que usan las familias para llegar a fin de mes: el endeudamiento. Estudios marcan que el 55% de los habitantes del AMBA pidieron dinero prestado para comprar alimentos, pagar servicios o pagar el alquiler, o sea, cuestiones básicas que no generan una inversión a futuro en su economía personal.
El Gobierno quiere exponer a los municipios que cobren tasas adicionales en los combustibles
Siempre se dice que los gobiernos locales son la primera ventanilla del Estado y eso es cierto. Pero no alcanza solo con atender las demandas, sobre ellas hay que actuar y de eso los intendentes saben más que ningún dirigente político.
Como intento de apaciguar la situación social y la crisis en el poder adquisitivo de las familias, en la Provincia y en municipios como el nuestro (La Matanza) intentamos buscar soluciones alternativas. No alcanzan, pero sin ellas sería todavía peor.
La red de contención alimentaria va desde ayuda directa a comedores, Iglesias, ONG, hasta una gran cantidad de descuentos en la compra de alimentos, así como la conformación de Mercados Locales, dónde las familias encuentran precios accesibles en rubros importantísimos en el aporte de nutrientes como carne, frutas y verduras. Conozco de cerca los casos de Morón y La Matanza, funcionan al máximo de su capacidad y son un alivio para los vecinos.
Los gobiernos locales tienen un vínculo de cercanía con los vecinos, conocen de primera mano los problemas, dan respuestas inmediatas y lo hacen desde un sentido de pertenencia a la comunidad. Lejos de constituirlo como enemigo, el gobierno nacional debería reconocer su importancia y el rol esencial que están llevando a cabo en un contexto de profunda crisis social.
(*) Abogado y autor de “La hora de tus intendentes”
