Por Silvia del Rosario Giacoppo (*)
En septiembre de 2020 presenté, junto a un grupo de senadores de Juntos por el Cambio que me acompañaron, un proyecto (S-1890-20) que establece un marco regulatorio de referencia para la promoción del transporte eléctrico, con el fin de incentivar su uso y el desarrollo de la industria y los servicios nacionales relacionados.
La iniciativa recoge los lineamientos de la Ley Modelo sobre Movilidad Eléctrica desarrollada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), que es el parlamento regional más representativo de nuestra región y que tengo el honor de presidir desde febrero de 2022.
Según datos de Naciones Unidas, América Latina y el Caribe tiene el mayor uso de buses per cápita del mundo. Su vertiginosa urbanización genera una oportunidad para hacer de los buses eléctricos una prioridad en los planes de descarbonización, estrategias de movilidad y otros elementos normativos que potencian y aceleran la transición hacia modelos más sostenibles, tanto del sector energético como del transporte.
La ciudadanía, por su parte, evidencia un creciente interés por tecnologías y sistemas que permitirán en un futuro cercano la transición a ciudades más eficientes, bajas en emisiones, con mejor calidad del aire, inclusivas y equitativas.
Como resultado de estas tendencias, 27 de los 33 países de América Latina y el Caribe han priorizado el sector transporte como un elemento central para alcanzar sus metas en reducción de emisiones.
Los vehículos verdes de Toyota permiten monitorear en vivo cómo se alterna el uso de la energía para su funcionamiento
Tengamos presente que solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires circulan alrededor de 18.000 colectivos urbanos, casi la mitad de los que están en servicio en la Argentina. Nuestras ciudades poseen flotas de transporte público con más antigüedad de la deseada y con motores diésel que provocan una mayor contaminación, altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, problemas respiratorios, ruido en las ciudades y un pobre servicio al ciudadano.
Es por esto que consideramos que la electrificación del transporte público automotor debe constituir la meta prioritaria para la promoción de la movilidad eléctrica y de la infraestructura de carga en Argentina.
Con respecto a las soluciones, queremos debatir en el Congreso el reemplazo del 40% de las unidades diésel del transporte público automotor de pasajeros por unidades eléctricas enchufables para el 31 de diciembre 2030 y del 100% para 2040.
Consideramos que cumplir las metas propuestas con buses importados no es la opción más conveniente, ya que nuestro país tiene una oportunidad de desarrollar sus ventajas competitivas en la cadena del Litio para las baterías, en la industria automotriz para la producción de colectivos nuevos y en la calidad de nuestros técnicos e ingenieros para reconvertir la flota de unidades diésel en nuevas unidades eléctricas a menor costo (retrofit), prolongando su vida útil con emisiones cero.
El desarrollo de estas capacidades requiere actuar sobre la oferta de buses, equipos eléctricos y baterías, tratando de generar un ambiente regulatorio, impositivo y aduanero propicio para la inversión nacional y extranjera. De igual forma, debemos actuar sobre la demanda de buses eléctricos nuevos o reconvertidos para modernizar nuestras ciudades, con un esquema de financiamiento promocional federal que haga factible la conversión de flotas al tiempo que se reducen los costos de operación y la necesidad de mayores subsidios.
En 2023, Jujuy se convertiría en el principal productor de litio de la Argentina (Foto: EOL)
Resulta clave desarrollar mecanismos financieros junto a la Banca Internacional de Desarrollo para facilitar la transición a los vehículos eléctricos en América Latina y el Caribe, empezando por el transporte público. De la misma manera, deberemos crear las condiciones para el despliegue de inversiones en infraestructura de carga pública y privada, tanto en zonas urbanas como en carreteras, para brindar seguridad y confianza a los usuarios.
Ninguna de estas condiciones podrá lograrse sin estabilidad macroeconómica, cerrados al intercambio comercial y aislados de los mercados financieros internacionales.
El presidente Fernández ha hablado mucho del tema, remitió su proyecto a la Cámara de Diputados (0016-PE-2021), pero es poco lo que ha avanzado en sus tres años de mandato. El Frente de Todos no ha puesto el tema en debate en el Congreso y el atraso en establecer un plan estratégico en este tema, como en tantos otros, nos va dejando atrás en la región y en el mundo. En los últimos años, las ciudades que se destacan por su mayor avance en materia de electrificación del transporte público son Santiago de Chile (Chile), Bogotá (Colombia) y Ciudad de México (México).
No tenemos tiempo para perder, puedo decirles que mi provincia, Jujuy, da permanente muestra de los beneficios de su búsqueda activa de inversiones que nos ubiquen en cadenas de valor internacionales como las energías renovables y la minería del litio. El cambio es posible también para nuestra querida Argentina, apostando por la paz y una buena administración, lejos de la grieta, podremos encontrar nuestro rumbo.
(*) Senadora nacional por Jujuy (UCR)
