Mientras una inmensa mayoría de argentinos debe lidiar diariamente con la preocupación de ya no poder cubrir las necesidades más básicas, no solo vemos a un Presidente – durante una supuesta gira de trabajo – desplegando sus habilidades musicales en Nueva York, y a un Gobierno nacional dedicándole valiosas horas de gestión a resolver el conflicto de las figuritas del Mundial, sino que además debemos asistir a un nuevo intento por parte de la Vicepresidenta de avasallar al Poder Judicial.
Este embate contra la Justicia es un ataque directo a la institucionalidad del país, pero además es una clara demostración de que el Gobierno nacional tiene una agenda absolutamente alejada de las prioridades de los argentinos.
A poco más de dos años y medio del inicio de su gestión, y varias tentativas de condicionamiento al Poder Judicial, queda claro que el Gobierno nacional no tolera la independencia de la Justicia ni la división de poderes y el proyecto que propone la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un paso más en ese sentido.
Argentina está inmersa en un mar de contradicciones. A pesar de que el Gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner no se ocupa siquiera de completar la composición actual de cinco miembros, presenta un proyecto para triplicar esa conformación. Es que no solo no resuelven las verdaderas preocupaciones de los argentinos, sino que además las iniciativas con las que prácticamente todas las semanas nos sorprende el oficialismo implicarían gastos que nuestro país no está en condiciones de afrontar.
Efectivamente el Poder Judicial necesita avanzar con modificaciones que garanticen mayor transparencia y participación. En ese sentido, el Consejo de la Magistratura Nacional – donde el Poder Ejecutivo cuenta con un representante – podría cubrir las vacantes existentes hoy en todo el país. Es una forma de transparentar el proceso de selección de magistrados – que arranca en el Consejo y finaliza en el Poder Legislativo -, con mayor objetividad y menor nivel de discrecionalidad, para tener jueces verdaderamente idóneos e independientes.
Durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, por ejemplo, se promovió una gran cantidad de pliegos para cubrir numerosas vacantes, se realizaron reformas de fondo como la aplicación del sistema acusatorio, incluso se cubrieron vacantes de la Corte Suprema con jueces que nadie podría tildar como afines al gobierno de turno.
La pandemia que se inició en 2020 dejó en evidencia sistemas y procesos que ya quedaron obsoletos. La crisis se presentó también como una oportunidad real de mejora. El Poder Judicial tiene por delante el desafío de trabajar para proveer una Justicia moderna y al alcance del ciudadano. Le cabe al poder político otra enorme responsabilidad: dar señales claras y contundentes de que al Poder Judicial se lo deja trabajar de manera independiente.
Por: Francisco Quintana – Vicepresidente 1º Consejo de la Magistratura CABA
