Tras varias tentativas de condicionamiento al Poder Judicial, queda claro que el Gobierno nacional no tolera la independencia de la Justicia ni la división de poderes, y el proyecto recientemente aprobado en el Senado que busca la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación representa un paso más en ese sentido.
Este nuevo ataque a la Justicia no solo afecta la institucionalidad del país, sino que es además una clara demostración de que el Gobierno nacional tiene una agenda paralela, absolutamente alejada de las prioridades de los argentinos.
La pretendida reforma judicial -que buscaba reformular por un costo económico altísimo Comodoro Py, donde se tramitan las causas de corrupción -, el proyecto que proponía cambios en el Ministerio Público Fiscal -y afectaba directamente la independencia del Procurador General-, el permanente cuestionamiento público a jueces y fiscales, los diferentes artilugios para obstaculizar la reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación -solicitada por la Corte Suprema- y finalmente el intento de ampliar el Máximo Tribunal son todos avances contra la independencia judicial que nada tienen que ver con las preocupaciones cotidianas de los argentinos.
Es que con este proceder, el Poder Ejecutivo no hace más que entorpecer el normal funcionamiento de la Justicia. Necesitamos un sistema judicial independiente y transparente, pero si los ciudadanos finalmente nos acostumbramos a un Gobierno que especula y manipula las normas, nos alejaremos cada vez más de la posibilidad de ser de una buena vez una República plenamente democrática con instituciones sólidas.
Cuando no hay división de poderes, no hay democracia. Y cuando no hay democracia, no tiene sentido la división de poderes. Un supra poder se arroga, en dicho caso, la potestad infinita de decidir sobre la Justicia y sobre la legislación, sin importar la opinión, sin importar la voluntad ciudadana. Ya lo hemos visto en varios puntos de América Latina.
En estos sistemas los ciudadanos pierden la libertad de expresarse, la posibilidad de elegir, la posibilidad de tener una defensa y un juicio justo. La falta de democracia afecta directamente nuestro derecho esencial de valernos por nosotros mismos. Por eso no podemos permitir que el tablero de la Justicia esté inclinado a favor de los gobernantes de turno, ni hoy ni con ningún otro gobierno.
En este sentido, las elecciones que se acaban de realizar para la nueva conformación del Consejo de la Magistratura de la Nación se presentan como una nueva oportunidad para el sistema judicial de nuestro país. Es primordial terminar con la discrecionalidad en los concursos de los jueces y este objetivo solo se logra con un Consejo imparcial que no esté influenciado por el poder político. Porque la Justicia no debe ser -nunca- rehén del gobierno de turno.
Por: Francisco Quintana – Vicepresidente 1º Consejo de la Magistratura CABA
